El procurador salmantino de Izquierda-Unida-EQUO José Sarrión ha preguntado en las Cortes de Castilla y León al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, por la tala de encinas que se viene produciendo en el término municipal de Retortillo afectado por la mina de uranio a cielo abierto.
Asegura que «causa estupor y perplejidad comprobar como la empresa Berkeley Minera España S.L. ha obtenido de la Junta de Castilla y León el permiso de corta de centenares de encinas, en una zona situada a escasos 100 metros de una zona protegida por la Red Natura 2000, cuando todavía no tiene todos los permisos necesarios para abrir la explotación minera».
En su argumentación indica que «no parece lógico destrozar un espacio protegido basándose únicamente en una Declaración de Impacto Ambiental recurrida en la Audiencia Nacional por EQUO y Ecologistas en Acción y repleta de contradicciones y errores, según el estudio encargado por la organización WWF a la Universidad de Castilla La Mancha».
La Junta de Castilla y León ha actuado, a su juicio, «con arbitrariedad y a sabiendas que las obras que ha realizado Berkeley para el desvío de la carretera comarcal de Retortillo a Villavieja han sido consideradas ilegales por la Guardia Civil. Además, la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de la provincia de Salamanca, órgano dependiente de la Junta, ha dictaminado que para realizar las obras ejecutadas en ese desvío, se debiera haber solicitado la autorización oportuna, trámite omitido por la empresa minera».
Ante estas cuestiones planteadas por Sarrión el presidente de la Junta sólo ha defendido la viabilidad del proyecto y que el procedimiento de concesión ha cumplido la legislación vigente.
Expulsados
Los activistas de la Plataforma Stop Uranio mostraron su disconformidad con la actuación de la administración regional, siendo expulsados del hemiciclo por la presidenta, Silvia Clemente, al defender con pancartas y gritos su lucha contra este proyecto tan nocivo para la comarca salmantina del Campo Charro.
Por su parte, Stop Uranio asegura que hasta 1.500 encinas de gran porte se pueden arrancar mediante la autorización de la Junta de Castilla y León concedida a pesar de carecer de varios permisos de actuación para iniciar las labores mineras.
Uno de ellos, según afirma la plataforma, es la autorización de uso excepcional de suelo rústico y Licencia Urbanística a conceder por la Comisión Territorial de Urbanismo y Medio Ambiente en el primer caso y por el Ayuntamiento de Retortillo para la licencia, una vez examinadas y contestadas las más de mil alegaciones presentadas en la información pública realizada.
También carece de la autorización de construcción de la Planta de beneficio de mineral, pendiente de obtener permiso por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, cuya autorización previa ha sido recurrida en la Audiencia Nacional.
‘Ecocidio’
Asegura que «varias generaciones de habitantes de esta parte de Salamanca van a perder la oportunidad de gozar de un espacio único protegido por la normativa europea, pues, aunque se planten nuevas encinas, tardarán cientos de años en adquirir el porte de las arrancadas».
Precisa que su lucha para salvar las encinas «no es cuestión de ecologismo amable, es más que nada la defensa de un territorio y de una manera de vivir de las personas que habitamos en la comarca salmantina del Campo Charro. Nuestro caso puede considerarse como un ecocidio al que nos somete Berkeley Minera España S.L. con la aquiescencia de la Junta de Castilla y León».
