Tras evidenciarse ya los modos de gestión que están mostrando las unidades de gestión clínica (UGC) recién creadas en Castilla y León, a modo experimental, según señalaron en su día los responsables de Sacyl, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama “su paralización inmediata”.
CSIF lamenta que se están cumpliendo «los criterios economicistas que nos temíamos, y estamos detectando pérdidas de calidad en la asistencia, con casos de pacientes a los que se les acorta la hospitalización, propiciando también la atención domiciliaria”.
Además, CSIF remarca que el reciente dictamen del Consejo de Estado “ha dejado claro que el desarrollo de las unidades de gestión clínica, que supone una alteración significativa del sistema sanitario público de España, requiere una ley nacional previa que regule la creación, gestión y desarrollo de esas unidades”.
El Consejo de Estado, continúa CSIF, ha afirmado que la creación de las unidades de gestión clínica por medio de un real decreto, como se ha hecho en Castilla y León, no es la adecuada ni suficiente, dada la complejidad de esas nuevas entidades gestoras, en un servicio público tan esencial como el de la sanidad.
CSIF considera que, dada la actual configuración del Parlamento, va a ser difícil que haya consenso en el Congreso para que el Gobierno pueda sacar adelante una ley sobre las unidades de gestión clínica, por lo que exige a la Junta que eche marcha atrás en su programa de creación de estas unidades, y que incluso paralice las ya existentes, hasta que no haya una claridad normativa suficiente, o un consenso sobre su gestión y encaje adecuado en el sistema público sanitario actual.
