Ganemos Salamanca ha denunciado la actuación del Partido Popular por «vulnerar las libertades públicas de los ciudadanos» tras denegar arbitrariamente permisos de uso de espacios públicos para poner mesas informativas, recaudar firmas o repartir octavillas. Se han producido más de 60 denegaciones de uso de espacio público a diferentes colectivos y organizaciones.
Esta es “una de las últimas gotas que está colmando el vaso”, manifestó el concejal Gabriel de la Mora en la mañana de este miércoles, tras participar en una Comisión de Policía en la que el concejal delegado le ha negado en repetidas ocasiones realizar un informe sobre actividades en la vía pública y libertad de expresión. El concejal no descarta tener que acudir a la vía penal por «indicios de presunta prevaricación».
Según los datos aportados por Ganemos, el equipo de gobierno ha denegado 63 peticiones para instalar mesas informativas a diversos colectivos y organizaciones desde el año 2011. Este hecho fue llevado ante los tribunales, que dictaron sentencia condenatoria para el Ayuntamiento de Salamanca por exigir autorización municipal para la instalación de mesas informativas, repartir octavillas y realizar actuaciones de teatro-denuncia. Se considera que tener que pedir permiso para estas cuestiones vulnera las libertas públicas.
En el año 2015 se aprobó una moción plenaria para respetar la libertad de expresión dando las instrucciones necesarias. En la Comisión del pasado 25 de enero, Ganemos denunció esta situación, a lo cual el equipo de gobierno respondió que el criterio general es el de la concesión, salvo que entre en conflicto con otra actividad y que discrepaban sobre la innecesariedad de solicitar autorización porque entendían que “no puede admitirse que cualquier persona pueda libremente poner una mesa informativa en cualquier lugar o hacer lo que quiera en la vía pública”.
Por esta razón, la agrupación de electores solicitó un informe del secretario general, pero el presidente de la Comisión lo denegó, aceptando un informe del asesor jurídico sobre los expedientes concretos. Se concluyó que la posición del Ayuntamiento es contradictoria con la lógica jurídica y que contraviene a las sentencias dictadas por los tribunales.
En conclusión, el concejal ha manifestado que el equipo de gobierno ha dado instrucciones de no informar a los ciudadanos sobre el derecho fundamental al uso libre de los espacios públicos y que se está impidiendo “injustificadamente” el ejercicio de la libertad de expresión, incluso después de numerosas sentencias judiciales condenatorias.
Texto y foto: Paula Castro Morán
