En julio del pasado año saltaba a luz pública la llamada “Operación Termyca”, llevada a cabo por la Guardia Civil y la Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen Organizado, y tutelada desde el Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona), habiendo encontrado ramificaciones por media España. Presuntamente los 23 ayuntamientos implicados hasta el momento y de 10 provincias desde Cataluña a Cádiz— utilizaban una consultora —llamada Efial primero y CGI después— para realizar contrataciones “a dedo”, sin concurso público de ningún tipo.
La Diputación de Salamanca se encuentra entre las administraciones públicas que habían contratado en los últimos años con la empresa CGI para que realizara determinadas gestiones tributarias, solicitando nuestro grupo político se realizara una auditoría de las prestaciones, así como de los procesos de contratación, al haber advertido nula competencia en algunos de ellos, en los que CGI licitó de forma exclusiva.
En aquellas Ganemos ya denunció la entrega de determinadas gestiones tributarias a una empresa privada, «lo que suponía de riesgos para la privacidad de las personas, y más teniendo en cuenta la concreta empresa que se trataba, inmersa en un macroproceso contra la corrupción».
Por ello, desde Ganemos Salamanca vuelven a denunciar que dicha empresa «sigue controlando datos tributarios muy sensibles de los vecinos y vecinas de nuestra provincia, sin que tengamos conocimiento que la Diputación haya incrementado la vigilancia sobre la concesionaria de REGTSA ni tenga pensado rescindir o recuperar el servicio público entregado a la misma».
