El Gobierno reconoce que el Instituto de Salud Carlos III no ha efectuado ningún estudio sobre el impacto de la mina de Retortillo en la salud de los habitantes del entorno de la instalación prevista por la empresa minera Berkeley, en respuesta a una pregunta formulada en el Senado por Carles Mulet del Grupo Compromis, según informó este sábado la plataforma Stop Uranio. Berkeley, por su parte, afirma que Indica que el organismo competente para hacer este estudio es el Consejo de Seguridad Nuclear.
La Declaración de Impacto Ambiental aprobada por la Junta de Castilla y León en octubre de 2013, según la plataforma, «no hace ninguna mención a la repercusión del proyecto minero en la salud, a pesar de que la normativa española y europea así lo exige».
Asegura que «los antecedentes que existen sobre ese tipo de instalaciones nos hacen albergar serias dudas sobre las consecuencias negativas en nuestra salud, si finalmente se autoriza la mina de uranio a cielo abierto con planta de beneficio de mineral y depósito de residuos radiactivos. Las minas o plantas de concentrado de uranio que han existido en la Península Ibérica han provocado enfermedades y muerte, como en el caso de Urgeiriça (Portugal) o en Andújar (Jaén), sin olvidarnos de Saelices el Chico (Salamanca)».
Acusa a Berkeley de «escudarse en el informe del Consejo de Seguridad Nuclear sobre la afección radiológica para intentar convencernos de la inocuidad del proyecto. Pero ese mismo organismo, junto con el Instituto de Salud Carlos III, ya advirtieron en 2009 que una planta de concentrado de uranio tiene riesgos químicos importantes que deben considerarse a la hora de aprobar este tipo de instalaciones».
Afirma que «están autorizados vertidos al río Yeltes por la Confederación Hidrográfica del Duero de diversos elementos altamente contaminantes como arsénico, plomo o cobre. Además, la concentración del uranio se realiza mediante balsas que utilizan ácido sulfúrico, entre otros agentes, para lixiviar el uranio extraído».
«¿Vamos a tener en Salamanca una instalación altamente contaminante sin que sepamos si nuestra salud va a verse dañada por su funcionamiento? ¿Es posible autorizar la mina de uranio con planta y depósito de residuos sabiendo que hay dudas científicas razonables sobre sus efectos perjudiciales en la población cercana a la instalación proyectada?», se pregunta Stop Uranio.
Falsedad
La empresa Berkeley, por su parte, afirma que «este colectivo está tergiversando la realidad y hace declaraciones que son absolutamente falsas con el objetivo de crear confusión».
El hecho de que el Instituto Carlos III no haya realizado estudio sobre el proyecto de Retortillo «para nada significa que el impacto sobre la salud o de las personas no haya sido estudiado», señala la minera.
Indica que el organismo competente para hacer este estudio es el Consejo de Seguridad Nuclear, el cual, tras evaluar cada uno de los estudios requeridos ha concluido que “de acuerdo con las estimaciones realizadas, la explotación de la mina y el funcionamiento de la planta de tratamiento no suponen un impacto a la población por encima de los límites establecidos”.
Asegura que el Instituto Carlos III sólo puede hacer evaluaciones sobre proyectos ya en funcionamiento, cuyos impactos pueden ser estudiados físicamente y, en este sentido, recuerda que el Instituto Carlos III ya realizó dicho estudio junto con el Consejo de Seguridad Nuclear y el Ministerio de Ciencia e Innovación en el que se evalúa el impacto sobre la salud de todas las instalaciones radiactivas y nucleares de España, incluyendo todas las minas de uranio que hubo en nuestro país, y en el que tras analizar más de mil municipios y 8 millones de personas ha concluido que “el impacto derivado de las instalaciones sobre la población de las áreas de estudio a causa del funcionamiento de las instalaciones son muy reducidos, y están por debajo de los niveles que podrían afectar a las personas”.
Por ello, Berkeley «rechaza completamente las acusaciones de Stop Uranio, que nuevamente solamente buscan generar confusión mediante la divulgación de informaciones terciadas y manipuladas«.
La minera insiste en que ha invertido ya en la comarca más de 70 millones de euros, ha creado ya más de 50 puestos de trabajo, ha obtenido más de 90 permisos e informes favorables de todas las administraciones españolas y europeas, «y está desarrollando un proyecto que sigue los estándares más estrictos en materia de seguridad, salud, y cuidado del medioambiente, y estamos preparados para continuar con nuestro proyecto de inversión que tras la inversión de otros 250 millones de euros generará otros 450 puestos de trabajo de alta calidad».
Berkeley indica que está operando «siguiendo los procedimientos más exigentes, y en base a todos los permisos recibidos, que nos autorizan para realizar todas las actividades que estamos llevando a cabo».
