Anticorrupción denuncia la trama eólica de Castilla y León

• Destapa el pago de 80 millones de euros en comisiones
• Hay 21 personas acusadas de prevaricación, blanqueo, delito fiscal y tráfico de influencias, entre altos cargos de la Junta y directivos de empresas

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella por la llamada trama eólica contra altos cargos de la Junta de Castilla y León a los que acusa de cobrar comisiones millonarias durante años por la instalación de parques eólicos.

La querella, a la que ha tenido acceso El Confidencial, gira en torno a Rafael Delgado (viceconsejero de Economía y secretario general de la consejería entre 2003 y 2011 y hombre fuerte del poderoso Tomás Villanueva durante 16 años en tres departamentos). Además, se dirige contra otros antiguos altos cargos como Alberto Esgueva y directivos de las empresas que construyeron los parques, como cuatro directivos de una eléctrica, los tres hermanos dueños de la constructora Collosa, una de las mayores de la comunidad, y Carlos Galdón, entre otros. En total, hay 21 personas acusadas de prevaricación, blanqueo, delito fiscal y tráfico de influencias. Las comisiones destapadas rondan los 80 millones de euros.

La querella

La querella que Anticorrupción ha presentado en Valladolid con el aval del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, llega dos años después de que la Agencia Tributaria denunciara un sistema de comisiones que cifraba en 100 millones de euros en esa comunidad, como adelantó El País entonces.

Según Anticorrupción, Rafael Delgado «exigía» a los promotores que desarrollaban parques eólicos «ceder o permitir la participación de empresas locales en el proyecto bajo amenaza de no obtener la necesaria autorización, participación que exigía que fuera próxima al 40%».

Los favorecidos con ese 40% eran «empresas pertenecientes a personas con las que [Delgado] tenía una especial relación», según la información de El Confidencial. Entre estos están Alberto Esgueva, un antiguo alto cargo de la consejería de Economía que junto a su hermano creó Industrias San Cayetano y que ahora construye edificios en Varsovia; Germán José Martín Giraldo, socio de Esgueva en Polonia; y los hermanos Llorente Muñoz, dueños de una de las mayores constructoras de la comunidad, el Grupo Collosa. Collosa fue la empresa que tuvo a sueldo primero a Federico Trillo y luego a Vicente Martínez-Pujalte, un caso judicializado en Valadolid porque la entonces fiscal general, Consuelo Madrigal, decidió que no lo investigara Anticorrupción.

La artimaña

Para conseguir controlar la aprobación de todos los parques eólicos, en 2004 Delgado ordenó publicar una instrucción para que las autorizaciones administrativas ya no fuesen competencia de las delegaciones provinciales de la Junta sino que dependiesen de él. «La ilegalidad de esta instrucción queda resaltada en el informe de la Intervención General del Estado de 16 de enero de 2017, emitido a petición de esta fiscalía». De las 209 autorizaciones de parques eólicos en Castilla y León entre 2005 y 2015, 197 fueron resueltas por esa «avocación» a los viceconsejeros. El 71% las resolvió Rafael Delgado y el 23% su sustituta, Begoña Pérez. Esa instrucción «permitió al viceconsejero manipular la tramitación de los expedientes de parques eólicos al controlar el momento en el que se debían tramitar los expedientes para otorgar las autorizaciones, con independencia de que los mismos cumpliesen o no los requisitos para obtener la autorización administrativa», según El Confidencial.

La querella de la fiscalía no alcanza a Tomás Villanueva, todopoderoso hombre de los gobiernos de Juan Vicente Herrera -ocupó consejerías entre 1995 y 2005 y llegó a ser vicepresidente-. «En este momento se desconoce si cada autorización avocada por el viceconsejero ha sido puesta en conocimiento del Consejero de Industria, Comercio y Turismo, como sería lo procedente», señala el fiscal.

El dinero

En total, las comisiones que enumera la querella suman 80 millones de euros. En su denuncia original hace dos años, Hacienda hablaba de 110 millones, pero la fiscalía ha eliminado un par de operaciones, una con Eolia y otra con Endesa, al no ver delito ahí. Anticorrupción manda el caso a Valladolid porque considera que allí se cometieron los delitos de prevaricación, blanqueo, cohecho y delito fiscal. Al circunscribirlo a esa comunidad autónoma no entra en juego la Audiencia Nacional. Un juzgado de Valladolid ya investiga el caso Perla Negra, en el que aparecen algunos de estos nombres -como Esgueva y Delgado- por la compra de un edificio por parte de la consejería a las afueras de la capital.

La repercusión de la trama eólica ha sido fundamental en la política de Castilla y León. Cuando estalló, hace dos años, originó un terremoto político y terminó por apartar de la política a Tomás Villanueva. Aun así, Herrera seguía jactándose de que Castilla y León no aparecía en el mapa de la corrupción. Las informaciones que salían sobre el caso de la Perla Negra aumentaban la intranquilidad del PP. Y las peticiones de información de la fiscalía y los informes que recientemente mandaron los servicios jurídicos de la comunidad a Anticorrupción les permitían intuir que no estaba archivado. Sabían que estaban sentados sobre una caja de bombas y que el reloj seguía corriendo. Ya ha estallado.