El Tribunal Constitucional ha anulado por unanimidad la amnistía fiscal que el Gobierno del PP aprobó en 2012, al considerar que el decreto que la estableció es inconstitucional.
La amnistía fue establecida por el Gobierno del PP en 2012 y se acogieron a ella 30.000 contribuyentes (hasta ese momento evasores), según reconoció Hacienda.
El recurso fue presentado por 50 diputados del PSOE contra la disposición adicional primera del Real Decreto, por considerar que favorecía a los defraudadores.
El alto tribunal considera que el decreto que la aprobó es inconstitucional, ya que la Constitución prohíbe el uso del decreto-ley cuando las medidas aprobadas afecten «de forma relevante o sustancial» a los deberes consagrados en el Título I de la Constitución, como el «deber constitucional de ‘todos’ de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos».
La amnistía fue establecida por el Gobierno del PP en 2012 y se acogieron a ella 30.000 contribuyentes (hasta ese momento evasores), según reconoció Hacienda.
La decisión no tiene efecto sobre aquellos contribuyentes que ya se han regularizado con Hacienda, en virtud del principio de seguridad jurídica que ampara a quienes se han puesto al día.
Entre quienes se acogieron a ella figuran personajes tan conocidos por su vinculación con casos de corrupción como Rato, Granados, Bárcenas, Diego Torres (socio de Urdangarin) y dos hijos de Pujol.
Todos ellos se pusieron al día con Hacienda pagando solo un 10% por ese dinero que en condiciones normales debería tributar al 43%.
El Alto tribunal anula la amnistía por motivos formales pero no se ahorra reproches para con el Gobierno del PP. Asegura que la amnistía fiscal «supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos». De esta forma, añade, se legitima «como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir».
PSOE y Podemos han pedido ya la dimisión de Cristóbal Montoro. El PP «respeta» la sentencia, ahora que ya se ha cumplido el objetivo para el que fue diseñada.
