El equipo de gobierno de la Diputación ha propuesto adaptar el reglamento “a los nuevos tiempos” rebajando la edad mínima de inscripción de los 12 a los 8 años, en contra de las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas.
Este miércoles en la comisión de Cultura, Educación y Deportes de la Diputación de Salamanca, el equipo de gobierno ha realizado una propuesta de modificación del Reglamento de Régimen Interior de la Escuela de Tauromaquia, en la que se propone rebajar la edad mínima de inscripción, pasando de 12 a 8 años; suprimir el requisito de empadronamiento en un municipio de la provincia durante los 4 años previos, para pasar a dar simplemente preferencia a los empadronados en un municipio de la provincia de Salamanca; y añadir un apartado en el que se dice que todos los alumnos pueden participar en actividades culturales y artísticas, con o sin reses, para desarrollar los conocimientos adquiridos, conforme la normativa vigente.
La reforma se nos ha justificado en la “adaptación a los tiempos”, pues la escuela con origen en 1985 contaba con veinte alumnos y ahora llegan a un ciento, reconociendo que las convocatorias de inscripción estaban incumpliendo el reglamento de régimen interior, que prohibía la inscripción a los menores de 12 años, así como a personas empadronadas en otras provincias, reconociendo que inscripciones de tales características se venían acogiendo, sin respetar la normativa de régimen interior.
El diputado provincial de la formación, Gabriel de la Mora ha criticado la situación, por considerar “inconcebible que una administración pública haya estado incumpliendo reiteradamente su propio reglamento durante años, demostrando el escaso rigor por el cumplimiento de las leyes por parte de esta área”. Además, informó que el Comité de Derechos del Niño de la ONU, en sus revisiones en Portugal (2014), Colombia (2015) y recientemente en México (2016) ha instado a los gobiernos a proteger a los menores de la «violencia física y mental de la tauromaquia”. También el Consejo Independiente de Protección de la Infancia se ha unido a esta petición.
Finalmente, la agrupación ciudadana reiteró su posición sobre la escuela, pidiendo el cierre y con el fin de destinar los 220.000€ de coste anual de la misma a otras políticas más prioritarias para la provincia: escuelas infantiles, lucha contra incendios, abastecimiento de agua, etc.. por lo que nuevamente solicitó la privatización de la misma, “con el fin de que sea pagada por los aficionados y alumnos y no por todos los ciudadanos”.
