En el mes de marzo la Plataforma Stop Uranio solicitó a las autoridades de la Junta de Castilla y León que cesaran al Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente tras la tala de encinas realizada por Berkeley en Retortillo, sin la posibilidad de continuar las obras de construcción de la mina proyectada tal y como ha sucedido en el tiempo.
La plataforma asegura que Berkeley Minera España S.L. no puede iniciar la construcción de la mina de uranio porque no tiene autorización de uso excepcional en suelo rústico ni licencia urbanística. Tampoco podría construir la Planta de beneficio de mineral, instalación fundamental dentro del proyecto minero, sin la cual es imposible comercializar el mineral que se pueda extraer en Retortillo.
«Ya nos preguntamos entonces para qué permitir el arranque de centenares de encinas si, por el momento, la empresa minera no puede proseguir con el proyecto», indica el colectivo.
Ahora se ha sabido que «Berkeley ha arrancado encinas donde no debía, fuera de la concesión minera y del terreno amparado por la Declaración de Impacto Ambiental. El ingeniero de Montes y profesor universitario Juan Ignacio García Viñas ha realizado un estudio, encargado por la organización WWF, donde se concluye que se han deforestado un total de 37 has, arrancando 1.745 árboles, la mayoría encinas centenarias, de los cuales 315 árboles no estaban dentro de la concesión minera».
Estos hechos se pusieron en conocimiento de la Junta de Castilla y León el pasado mes de junio «y no hemos obtenido respuesta a nuestras preguntas:
“La identificación de los responsables del destrozo ocasionado, la concreción de las consecuencias legales o administrativas que conlleva practicar una tala de encinas sin los permisos necesarios y las medidas que van a realizar los Servicios Territoriales de Medio Ambiente e Industria para restaurar la legalidad en la actuación de la empresa minera”.
Por ello la Plataforma Stop Uranio entiende que el Jefe de Servicio de Medio Ambiente, Juan Carlos Martín Muñoz, debe ser cesado, al ser el máximo responsable del Servicio encargado de velar por la defensa del Medio Ambiente de nuestra provincia.
También denuncia que a pesar del casi centenar de permisos que dice tener en su poder, «Berkeley sigue actuando al margen de la ley, como ha sucedido en el desvío de la carretera SA-322. Es inconcebible que el vicepresidente de la Diputación provincial Carlos García Sierra, con propiedades dentro del término municipal de Retortillo, afirme que no le consta que se hayan realizado obras sin permiso, cuando el ayuntamiento de esa localidad se vio obligado a paralizar las obras de construcción de la variante de la carretera al carecer la empresa de autorización de uso y licencia urbanística. Así lo certifica el alcalde a requerimiento de la Junta de Castilla y León», señala Stop Uranio.
En el estudio elaborado por el profesor García Viñas también se pone en cuestión la Declaración de Impacto Ambiental y las publicitadas medidas reforestadoras emprendidas por la empresa Berkeley, mediante convenios firmados con algún alcalde «desorientado o simplemente vendido a los intereses mineros», señala la plataforma.
“Las medidas correctoras y compensatorias previstas en la Declaración de Impacto Ambiental no garantizan una restauración de los hábitats arbolados idónea y viable, ya que las medidas compensatorias en cuanto al aumento de la superficie forestal son insuficientes y hay numerosas características técnicas de la restauración de la vegetación que están descritas con detalle insuficiente o que incluso faltan”, señala el informe.
Según Stop Uranio, «cuando vamos conociendo más en detalle la DIA emitida por la Junta de Castilla y León son más las sombras que se ciernen sobre la mina de uranio de Retortillo, lo que debiera conllevar la retirada del apoyo incondicional de la Administración Regional a un proyecto esencialmente especulativo, pero con un destrozo medioambiental considerable al margen de la ley en la comarca salmantina del Campo Charro».
