La UE abre una investigación sobre la mina de uranio de Berkeley

La Comisión Europea ha abierto una investigación a España sobre la mina de uranio que una multinacional australiana intenta explotar en Villavieja-Retortillo, según informa El País este miércoles. De llegar a inaugurarse, sería la única explotación a cielo abierto de este mineral radiactivo en Europa occidental. Bruselas investiga si el proyecto cumple con varias disposiciones de la normativa de la Unión Europea, entre ellas la directiva de repercusiones medioambientales y la directiva Hábitats.

La investigación se ha abierto «a raíz de varias denuncias y preguntas escritas», asegura el comisario europeo de Medio Ambiente, Karmenu Vella, en una respuesta escrita al Parlamento Europeo, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. La directiva Hábitats protege los entornos naturales y las poblaciones de especies silvestres de la Unión Europa. La directiva de repercusiones medioambientales evalúa los efectos de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.

La respuesta de Vella afirma que «de acuerdo con la directiva Hábitats, todo proyecto que pueda tener una repercusión significativa en un lugar Natura 2000 debe ser objeto de una evaluación apropiada», y añade que los países solo pueden dar su aprobación a uno de esos proyectos «si han comprobado que no incidirá de forma adversa en la integridad del lugar considerado».

La mina de uranio que trata de explotar la empresa Berkeley afectará a dos zonas protegidas por Natura 2000, la red medioambiental europea: un LIC (lugar de interés comunitario) y una ZEPA (zona de especial protección para las aves). También hay constancia en la zona de varias especies de fauna protegida, como la cigüeña negra, el milano real y el alimoche, en peligro de extinción o calificadas de “vulnerables”, según admite la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva que dio al proyecto la Junta de Castilla y León.

España no lo ha notificado

Según la información de El País, la Comisión Europea también recuerda en su respuesta escrita que España no ha cumplido con su obligación de informar correctamente a Bruselas de un proyecto de estas características. La minería de uranio es una operación que entra en el ámbito de aplicación del artículo 37 del tratado Euratom y, por tanto, obliga al Estado miembro que concede la licencia a presentar toda la información pertinente. «La Comisión ha recordado a España esta obligación», señala la respuesta, de fecha 26 de junio pasado.

El comisario de Medio Ambiente reitera más adelante que la Comisión «no ha recibido ninguna notificación con arreglo al artículo 37 del Tratado Euratom acerca del proyecto de la mina de uranio de Retortillo». Y añade que, dado que los materiales radiactivos naturales como el uranio también están cubiertos por la directiva sobre normas de seguridad básicas, Bruselas «evaluará el cumplimiento de los requisitos de esa directiva de cualquier modo».

«La mina de uranio de Salamanca se convierte con cada nueva noticia en un crimen mayor contra el entorno y la economía de la región. La Comisión Europea ha tenido que recordar al gobierno de España que tiene que enviar la información pertinente en materia de protección medioambiental y de la salud, cosa que aún no ha hecho a pesar de que las obras ya se han iniciado», afirma a El País Xabier Benito, eurodiputado de Podemos que hizo la pregunta en el Parlamento Europeo.

«Es una buena noticia que la Comisión Europea haya abierto una investigación respecto a las posibles vulneraciones de directivas europeas; sin embargo, la imagen del gobierno de España ante este hecho es lamentable», añade.

Los permisos de la mina

La puesta en marcha de la planta que se situará en el municipio salmantino de Retortillo requiere de tres autorizaciones del Ministerio de Energía, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), de las cuales, hasta ahora, se ha concedido solo una.

Se trata de una autorización previa (concedida mediante Orden IET/1944/2015, de 17 de septiembre) que está recurrida en la Audiencia Nacional, una autorización de construcción (que fue solicitada en septiembre pasado y que se encuentra con el procedimiento suspendido hasta que el CSN termine su evaluación) y una autorización de explotación. Berkeley calcula que empezará la extracción el mineral en 2019.