[dropcap]E[/dropcap]n la primera parte de este artículo presentábamos la primera entrega sobre la economía colaborativa, y hoy llega la segunda, en la que veremos los aspectos conflictivos, el posicionamiento del Parlamento Europeo, y que pasa en estos temas en el espacio urbano.
El lado conflictivo
La economía colaborativa también tiene su faceta oscura en aplicaciones como las de Uber (automóviles con conductor) o Airbnb (alquiler de alojamientos) tal como se ha revelado relativamente. Uber es un gigante que en solo cuatro años de existencia (en 2014 ya valía 18.000 millones de dólares en bolsa, y operaba en 132 países). Y su éxito ha chocado en Europa contra el mundo del taxi, que le acusa de competencia desleal. El coloso se defiende. “No somos enemigos de los taxistas. Las protestas vividas en un gran número de ciudades europeas son excesivas, y lo único que pretenden es mantener la industria de vehículos con conductor en un estado inmovilista”, argumenta un portavoz de la firma.
Tampoco se ha librado de problemas Airbnb, que surgió en 2007 y que en 2014 ya había encontrado cama a diez millones de personas. Pudiendo decirse al respecto que una Fiscalía de Nueva York investiga el impacto de esos alquileres, ya que podrían restringir la oferta de inmuebles y volverlos menos asequibles. Sin olvidar, además, que en la Gran Manzana, alquilar un apartamento completo por menos de 30 días es ilegal.
A todo eso, Airbnb replica: “Queremos trabajar con todas las partes implicadas en una regulación justa que permita a las personas alquilar de forma ocasional el espacio en que viven. No creemos que se esté desestabilizando el sector inmobiliario, aunque puede frenar algo la construcción de viviendas”, observa Luis Corral, consejero delegado de Foro Consultores.
En definitiva, poco puede hacerse para frenar el vasto movimiento de la economía colaborativa en las ciudades, porque, entre otras cosas, la tecnología que utiliza para conectar es imparable. Y en esa dirección, está claro que el sector financiero también será asediado en un cierto tiempo, como lo han sido los medios de comunicación o la música”, advierte Ángel Luis Martín Cabiedes.
Compartir, prestar, alquilar son verbos que se expanden con una fuerza nunca vista vía economía mundial, surgiendo miles de plataformas electrónicas para esas actividades. Y aunque queda tarea pendiente -regular ciertas aplicaciones, para evitar que crezca más y más la economía sumergida, y mejorar los derechos de los consumidores-, lo cierto es que las nuevas formas de consumir, revelan la realidad de una sociedad que quiere cambiar mucho del convencionalismo en que vivía.
El Parlamento Europeo quiere poner orden
Consciente de que, una vez abierta la caja de Pandora de la economía colaborativa, las repercusiones son profundas, la Unión Europea redactó en enero de 2014 un primer dictamen, en el intento de entender la verdadera situación. Para llegar a la conclusión de que “el consumo colaborativo supone una complementación ventajosa desde el punto de vista innovador, económico y ecológico de la economía, de la producción para el consumo. Además significa una solución a ciertos aspectos de crisis económica y financiera de mucha gente, en la medida en que posibilita el intercambio en casos de necesidad”.
En ese sentido, en Europa se observa con inquietud cómo gran parte de la economía colaborativa escapa a las reglas y convenciones. Y así las cosas, el Parlamento Europeo planteó el 15.VI.2017 la necesidad de medidas comunes para evitar abusos y establecer normas laborales, fiscales; y de protección al consumidor en casos como los ya citados de Uber, Airbnb, o Deliveroo.
Sin embargo, es cierto que en las instituciones europeas se advierten sentimientos encontrados ante la nueva realidad. Por un lado, se quiere acelerar la generación de más empleo nuevo para que la economía se recupere más rápidamente. Pero por otro lado, se observan dificultades para lograr que esos servicios paguen impuestos, coticen por los trabajadores, o respondan ante los usuarios con las garantías de los negocios tradicionales.
En cualquier caso, la Eurocámara aprobó una resolución para no seguir contemplando esas realidades, simplemente “a través de sentencias o mediante normas de difícil interpretación en un mercado muy fragmentado”. Como recordó el ponente socialdemócrata de esta iniciativa, Nicola Danti, durante el debate celebrado el 14.VI.17.
[pull_quote_left]Compartir, prestar, alquilar son verbos que se expanden con una fuerza nunca vista vía economía mundial[/pull_quote_left]Al final, el texto de la resolución se aprobó con una amplísima mayoría: 510 votos a favor, 60 en contra y 48 abstenciones, acogiendo Europa con los brazos abiertos el modelo participativo que procura ingresos económicos a segmentos de población con dificultades de acceso al empleo ordinario.
Consciente de la falta de concreción de la citada resolución, el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, evitó dar una respuesta concluyente. “Hay que facilitar el desarrollo de estos negocios, pero también se precisa certidumbre jurídica”, manifestó. Un año después de haber presentado una guía —no vinculante— de buenas prácticas para todos los fenómenos de la economía colaborativa, la Comisión está intentando abordar el fenómeno desde el punto de vista sectorial. Para lo cual, Bruselas está en conversaciones con los agentes económicos y los Estados miembros, a fin de determinar posibles medidas; ante todo en el sector de los alojamientos turísticos, el que más volumen de ingresos… y problemas, genera.
El Ejecutivo comunitario quiere igualmente poner coto a los abusos laborales, con una revisión de una directiva sobre contratos de trabajo, al objeto de fijar unas garantías mínimas para cada trabajador, en los negocios que nos ocupan. Se quiere ampliar la protección social a los empleados —a veces autónomos y en otras ocasiones por cuenta ajena—, aunque la Comisión aún no ha aclarado cómo. De todo ello, están pendientes las corporaciones locales, para proceder de forma armonizada en lo que es un conjunto de servicios públicos por agentes privados que deben monitorizarse.
La economía colaborativa urbana
¿Cómo se mide la economía colaborativa? «A falta de una definición clara, es difícil determinar qué comprende. Lo cual es clave para obtener y analizar los datos», asegura José Martínez, gerente de Estrategia de Parthenon-EY, que junto con la Fundación EY, ha elaborado un estudio en iniciativa conjunta con la Asociación Española de Economía Digital (Adigital), la Fundación de Estudios Financieros, el Círculo de Empresarios y la Fundación Cotec.
Por otra parte, en el contexto de Sharing Madrid -análisis realizado en Madrid por Adigital y Sharing España-, el mismo José Martínez ha adelantado que la economía colaborativa representa entre un 1 por 100 y un 1,4 por 100 del PIB español, lo que podría duplicarse de aquí a 2025, hasta alcanzar entre un 2 por 100 y un 2,9 por 100.
Por su lado, Jaime Rodríguez, director de BlaBlaCar para España y Portugal, destaca que sus usuarios –3,5 millones en España– «se multiplican cada año» y que el perfil medio, de 35 años, revela «una generalización del uso del coche compartido».
Como ventaja del transporte de personas, Rodríguez señala «la apertura de itinerarios que nadie cubre», ni el AVE, ni los demás trenes, ni los buses. Algo que Álvaro Fernández, director gerente de EMT Madrid, ve como un complemento positivo a la red de transporte público. «Está muy bien que nuevos agentes den servicio a partes del país que no están cubiertas eficientemente», asegura. En este sentido, BlaBlaCar ha anunciado su intención de lanzar en España el servicio BlaBlaLines -ya probado en Francia- «para facilitar que pueda compartirse coche en los trayectos diarios de casa al trabajo».
Por sectores, en España, el de mayor impacto económico es el de la compraventa (37 por 100), seguido del alojamiento (32 por 100) y del transporte (13 por 100). Pudiendo decirse que en el cómputo global, más de la mitad de la población (un 55 por 100) ha usado alguna vez una plataforma de economía colaborativa.
Cómo reinventar las ciudades y hacerlas más colaborativas es uno de los grandes temas tratados en Sharing Madrid. «La tecnología ha facilitado la proliferación de iniciativas colaborativas con motivación social, que parten de ciudadanos, que quieren mejorar sus vidas, que piensan en digital, en abierto, y en compartir recursos», argumenta Albert Cañigueral, conector de la red de economía colaborativa OuiShare; «la ciudad colaborativa es la que reconoce y sabe recolectar todo este potencial y además es inclusiva a todos los niveles», añade.
Por su parte, el director de Políticas Públicas de Kreab, Miguel Ferrer, señala que «la tecnología puede ayudar a una mejor gobernanza y regulación». Desde GovUp -laboratorio de políticas públicas del que es cofundador- propone que la Administración facilite la innovación mediante una regulación inteligente y que innove en su propio funcionamiento. Que aproveche la facilidad de trazabilidad y monitorización que ofrecen las plataformas digitales para ordenar y sacar a la luz la economía sumergida.
En resumen, la economía colaborativa llegó hace tiempo, y está claro que está en expansión, para quedarse entre nosotros.
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