El Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 1 de Ciudad Rodrigo acaba de dictar un auto de sobreseimiento o archivo de las diligencias o gestiones judiciales para investigar los posibles delitos de cohecho contra el anterior alcalde y tres concejales de Retortillo, y por mantenerse en el cargo dos de los actuales concejales al tiempo que trabajan para la empresa Berkeley, cometiendo presuntamente un delito por intervenir con sus responsabilidades públicas en aspectos en los que tienen intereses personales, castigado con pena de multa y suspensión del cargo público.
El auto no menciona nada sobre este último aspecto “omitiendo con ello el fundamental derecho de cualquier ciudadano a obtener respuesta motivada o fundada de sus peticiones ante la justicia, esto es, el derecho constitucional a obtener razones legales incluso cuando no te dan la razón”, según indica el abogado de la plataforma Stop Uranio.
Por eso ha interpuesto un recurso ante el mismo Juzgado (como paso previo, si fuera el caso, ante otros posibles recursos en otras instancias), “intentando obtener aquellas razones que expliquen la decisión judicial, y solicitando al Juzgado que siga la investigación, pues no podemos entender que sea legalmente posible trabajar para la empresa que tienes que atender como concejal (o resolver sus asuntos), o siendo alcalde, recibir encargos o pedidos para tu empresa cuando hay tantas empresas sin trabajo que hacen lo mismo y están al lado”.
Asegura que esto “pugna con valores democráticos básicos, con la debida limpieza, objetividad o imparcialidad de la Administración Pública, y es que por más que últimamente nuestra democracia nos dé tantos disgustos de corrupción política y económica, creemos que no debemos resignarnos ante esta lacra, es preciso luchar por la razón y por el sentido común con todos los medios legales a nuestro alcance”.
