El pleno del Ayuntamiento de Salamanca aprobó este viernes por unanimidad la moción del Grupo Municipal Socialista para estudiar una redistribución del Impuesto de Bienes Inmuebles. La moción propone analizar la posibilidad de realizar una revisión y actualización de los valores catastrales sin que ello suponga una pérdida de recaudación tributaria.
El portavoz del Partido Socialista, José Luis Mateos, expuso durante el pleno municipal de este viernes que el IBI es un impuesto de carácter real y objetivo, cuyo valor catastral no se había vuelto a revisar desde el año 1996. Este hecho produce una cierta disparidad en función del año de construcción de los edificios. Sin embargo, no se había actualizado debido a que el equipo de gobierno consideraba que la revisión subiría el impuesto.
El concejal propone estudiar si es posible llevar a cabo la revisión con una reducción el tipo de gravamen o explorar la posibilidad de hacerlo de forma parcial, así como establecer tipos diferenciados distinguiendo el uso de la edificaciones (sin incluir las residenciales). Este análisis estudiará la forma de conseguir que los ciudadanos paguen menos IBI sin que ello tenga consecuencias en la recaudación municipal.
Durante el debate, Gabriel Risco, concejal de Ganemos Salamanca, suscribió lo manifestado por el concejal socialista y apoyó la intención de apostar por la progresividad fiscal. El edil considera que esta revisión tendría el efecto de conseguir una mayor justicia fiscal.
El portavoz de Ciudadanos, Alejandro González, manifestó que Salamanca ocupa el séptimo puesto de un total de 52 capitales en el ranking tributario de España y añadió que es un “lugar del que debemos salir y ajustarnos a la media española”. “El esfuerzo fiscal en Salamanca es muy elevado”, declaró, explicando que se ha incrementado un 37,5%, por lo que proponen medidas de alivio fiscal para “dar respiro” a los salmantinos y demostrar que el Ayuntamiento es capaz de “hacer más con menos”.
Fernando Rodríguez, portavoz del Grupo Popular, finalizó el debate manifestando que se trata de una “moción cargada de racionalidad y prudencia” con la que comparten la finalidad de explorar la legalidad con el objetivo de bajar el IBI sin que ello suponga una merma de ingresos. Sin embargo, resaltó que se trata de una cuestión “compleja”.
