[dropcap]A[/dropcap]gosto sigue siendo el mes de vacaciones elegido por la mayoría de españoles para disfrutar del periodo vacacional, incluso para los miembros de los gobiernos central y autonómico, así como para alcaldes, diputados y senadores. Cesa la actividad parlamentaria, la administración pública se queda en mínimos y cierran la mayoría de empresas. Las ciudades se vacían y los pueblos se llenan de “forasteros”.
Pero con el mes de agosto, desgraciadamente, se incrementa el riesgo de incendios y aunque en Castilla y León los padecemos durante todo el año, en nuestra provincia se han declarado algunos incendios en este periodo de forma importante. Salamanca ha sido asolada por continuos incendios en Aldeadávila de la Ribera, Miranda de Azán, Ciudad Rodrigo, Monterrubio de la Sierra, Pelabravo, Sotoserrano y Topas, donde bomberos y voluntarios han hecho todo lo posible por extinguir el fuego.
Cada día se queman cientos de hectáreas en Castilla y León donde los escasos profesionales de la lucha contra incendios siguen desarrollando su trabajo en condiciones precarias. Los sindicatos ha denunciado constantemente la falta de recursos que la Junta de Castilla y León designa a la extinción y prevención de incendios, asegurando que nuestra comunidad destina solo 5,54 euros por hectárea, muy por debajo de comunidades como Cataluña (70,47), Galicia (52,92), Andalucía (18,38) o Cantabria (15,10).
La Junta de Castilla y León ha reducido alrededor del 50% el presupuesto destinado a la extinción y prevención de incendios durante estos últimos diez años, una decisión difícil de entender o aceptar en una comunidad donde el 50% de superficie de todo el territorio es masa forestal y un 30% de arbolado, y donde una parte muy importante se está quemando debido no solo a la negligencia humana, pirómanos o intereses empresariales, sino a la falta de mantenimiento, prevención y políticas forestales adecuadas que debería desarrollar la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. En muchas localidades de nuestra comunidad se está quemando no solo el patrimonio forestal sino el futuro de muchas personas.
[pull_quote_left]La Junta ha externalizando parte del servicio de a empresas privadas con el único fin de lucrarse; conviven lo público-privado y resulta difícil de coordinar en muchas ocasiones[/pull_quote_left]Soy consciente que el servicio de extinción de incendios forestales de la Junta de Castilla y León es diferente al de otras comunidades, como el de Extremadura o Andalucía donde es totalmente público. Aquí, la Junta lo ha complicado externalizando parte del servicio a empresas privadas con el único fin de lucrarse; conviven lo público-privado y resulta difícil de coordinar en muchas ocasiones. Sus trabajadores parten de formación muy diferente y en algunos casos falta especialización, por lo tanto, es necesario que su estructura cambie para hacerla totalmente pública. Además, las políticas de prevención de incendios deberían ser una prioridad, porque no hay duda que es más costoso apagar un fuego que prevenirlo y en el tema de la prevención a la Junta le queda mucho por hacer. Se necesitan más recursos, efectivos y diseñar políticas medioambientales y de desarrollo rural sostenibles y realistas que fijen población, porque hasta ahora todo son promesas y documentos elaborados por empresas privadas que solo sirven para lucimiento del político de turno y para adornar despachos.
A pesar de poner todas estas medidas, no vamos a evitar que desaparezcan los incendios, pero sí podemos conseguir que ardan menos hectáreas y evitar que se ponga en peligro la vida de seres humanas.
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