Ganemos Salamanca denuncia que Piscis, nombre de la unión temporal de empresas (UTE) encargada de gestionar el servicio de piscinas municipales (formada por Clequali y Enjoy Wellness) está haciendo contrataciones a sus trabajadores con un convenio colectivo diferente al que había, por el cual están recibiendo una menor retribución de aproximadamente 120 euros menos al mes. La agrupación de electores ha presentado este lunes un escrito solicitando el acceso a la información referente a los contratos de la UTE.
Virginia Carrera y Gabriel Risco, concejales de Ganemos Salamanca, han presentado este lunes un escrito en el Ayuntamiento para solicitar el acceso a toda la documentación de los contratos laborales de la UTE que gestiona las piscinas municipales. “Nos han llegado denuncias de que la UTE a la que el Ayuntamiento adjudicó la gestión de las piscinas municipales está haciendo contrataciones con un convenio colectivo diferente al que había y que supone menos retribuciones”, manifestó Risco, “y, además, nos han llegado también quejas de que los contratos no los está haciendo la UTE”.
“Existe un pliego y un ordenamiento jurídico laboral para cumplir”, ha declarado el concejal, “cuando hablamos de que la aplicación del convenio colectivo no está siendo el correcto, estamos hablando de un retribución casi 120 euros menos al mes”. Al parecer, la UTE (Piscis) está siguiendo el convenio de ámbito estatal en lugar del de ámbito provincial, que era el que tradicionalmente se aplicaba, en las contrataciones de la campaña de verano 2017. “Hay dinero público de por medio, una subvención anual de más de 745.000€. Las retribuciones no pueden decidirlas alegremente las empresas, porque salen de los impuestos que paga toda la ciudadanía. Tienen que respetarse los convenios y pagarse unos salarios dignos”, aseguró.
Según ha manifestado la portavoz, Virginia Carrera, el grupo municipal quiere hacer una defensa de los servicios públicos y llevar a cabo una vigilancia “de todos los servicios que el Ayuntamiento tiene externalizados”, ya que está actuación supone una falta de cumplimiento de la UTE de sus obligaciones como adjudicataria. “Es inadmisible que no se haga una fiscalización de cualquier contratación pública porque es la obligación de los gobernantes el conocer qué pasa con lo que se firma”.
En este sentido, han criticado que el equipo de gobierno no vele por los intereses de los trabajadores. “No es de recibo que la empresa decida rebajar las condiciones de trabajo y que nuestro Ayuntamiento no diga nada”. Una vez que reciban la información solicitada, han anunciado que pedirán responsabilidades “concretas y personales”.
Texto y foto: Paula Castro Morán
