Las críticas por la situación de la residencia de mayores Bellavista, en Babilafuente arreciaron este lunes. Tras la denuncia realizada por CCOO sobre las condiciones de los trabajadores y del servicio que se da a los residentes, ahora han sido Podemos e IU-Quo quienes han retomado este asunto, que llevarán a las Cortes regionales.
Podemos Salamanca se comprometió a hacer lo que esté en sus manos para ayudar a las trabajadoras de la residencia pública de mayores de Babilafuente, varias de ellas despedidas de manera presuntamente irregular por reivindicar condiciones laborales dignas. Además, en la reunión mantenida, las trabajadoras informaron de numerosas irregularidades documentadas que podrían perjudicar no sólo a las trabajadoras del centro, sino que pondrían en riesgo la seguridad alimentaria de los residentes.
Por ello, Isabel Muñoz, procuradora en las Cortes de Castilla y León por Podemos, hará varias preguntas a la Consejería de Servicios Sociales respecto a la inspección y el cumplimiento de la normativa vigente, pidiendo copias de las últimas inspecciones realizadas.
Además, la procuradora ha hablado con el veterinario responsable para preguntarle si tiene documentación y facturas que acrediten que la carne ha tenido los controles veterinarios correspondientes y la respuesta ha sido negativa hasta la fecha, aunque según el veterinario el menú de verano de la residencia no incluye carne de cerdo. Por ello, Isabel Muñoz ha afirmado que “esta cuestión necesita una aclaración urgente” y ha realizado una pregunta al director de Salud Pública para contestación oral en la Comisión de Sanidad, concretamente: “¿Qué medidas se están realizando ante estos hechos?”
En cualquier caso, para Podemos Salamanca este asunto es un ejemplo más del modelo de “privatizaciones peligrosas” del Partido Popular, un modelo en el que «se asigna por contrata a empresas o asociaciones, muchas veces amigas, otras veces vinculadas al PP, la gestión de bienes públicos, con las consecuencias nefastas que estamos viendo para las y los salmantinos».
pone como ejemplos recientes de estas “privatizaciones peligrosas” de lo público la externalización de las escuelas infantiles de Salamanca, «cuya concesión, según Ignacio González, estaba decidida previamente por Alfonso Fernandez Mañueco», señala Podemos, la privatización de la Aldehuela en la que una empresa privada obliga a los salmantinos a pagar por disfrutar de un espacio público, la privatización de la oficina municipal de apoyo a empresas, concedida a una asociación compuesta por miembros de NNGG, la del Multiusos Sánchez Paraíso, en favor de Enjoy Wellness, «que hemos tenido que rescatar por más de 1.400.000€», privatizaciones de las piscinas municipales, con trabajadores cobrando menos de lo estipulado en su convenio o esta residencia de mayores de Babilafuente, «pública, pero gestionada con múltiples irregularidades aparentes desde lo privado».
IU-Equo también criticó este lunes la situación de desamparo y abandono en la que están las personas mayores de nuestra comunidad por parte del Gobierno de la Junta.
Afirma que este Gobierno está llevando a cabo una política de «dejación de funciones en cuanto al mantenimiento de un buen servicio público y de calidad».
Considera que no es solo la falta de compromiso de las instituciones por crear residencias públicas que faciliten y dignifiquen la vida de las personas mayores. «Lo que se pone de manifiesto es todo un programa político encaminado a favorecer la privatización del sector y el enriquecimiento de las empresas que aprovechan ese vacío para generar negocio.
Asegura que el déficit de residencias públicas propicia «el abuso de algunas empresas privadas que priorizan el criterio del beneficio empresarial frente a cualquier otro, incurriendo incluso en abusos e ilegalidades laborales y sociales como los denunciados por las trabajadoras de la residencia de Babilafuente».
Recuerda su procurador, José Sarrión, que los sindicatos ya han denunciado la falsificación de las plantillas de trabajo para superar las inspecciones; jornadas laborales que en ocasiones superan las 48 o 50 horas semanales; ingresos salariales inferiores a los fijados en nómina o desempeño de funciones propias de enfermería por personal no cualificado.
«Todo ello para aumentar el margen de beneficios a costa de las trabajadoras y la calidad prestada a las personas residentes», indica.
Para conocer mejor el sector en Castilla y León, este procurador ha preguntado al Ejecutivo regional cuántas residencias públicas existen en Castilla y León, los criterios de distribución por provincia que se siguen a la hora de crear estos centros, cuántas plazas hay subvencionadas y qué medidas se están tomando para garantizar el buen servicio a los residentes.
