Ganemos Salamanca denuncia que el equipo de Gobierno no haya llevado al pleno la adjudicación de la empresa encargada de la contratación de los conserjes municipales. Por ello ha solicitado la suspensión de esta licitación hasta que se resuelva el recurso que ha presentado.
Lo que se ha conseguido con la aprobación “unilateral mediante decreto de Alcaldía”, según dice la agrupación de electores, porque este contrato no ha pasado por pleno ni junta de gobierno.
Se piensa que así es más barato, pero ha quedado demostrado por el tribunal de cuentas que esto supone un mayor coste. Además, según Ganemos Salamanca, conlleva una falta de calidad en el servicio. “La calidad tiene relación directa con la estabilidad en el empleo. La mayoría de los contratos van acompañados de un precarización laboral”, asegura Virginia Carrera portavoz de Ganemos Salamanca.
También supone la precarización de las condiciones laborales y la remuneración de sueldos “indignos”. “No están bajo un convenio colectivo y sus contratos son a tiempo parcial, por lo que hay trabajadores cobrando 300 y 400 euros, por debajo del estatuto de los trabajadores”, afirma Carrera.
Lo que esta formación pide es que estos trabajadores estén bajo el convenio de Oficinas y despachos, y se recoja así en el pliego. Y se niegan rotundamente a que este contrato se lleve a cabo.
Gabriel Risco, concejal de Ganemos Salamanca también ha querido denunciar el “enchufismo” que el Ayuntamiento de Salamanca ha permitido en algunos puestos. Risco dijo que “el Partido Popular ha colocado en el Ayuntamiento a personas de su confianza, a familiares y personas cercanas al partido y no les ha asignado el salario mínimo, que es el que quieren para las trabajadoras y trabajadores de conserjería. Si a todos los grupos les parece tan digno este sueldo, que se lo apliquen. Que dejen de ganar 62.000€ al año y ganen 9.000€”..
Los criterios que se han seguido para adjudicar este contrato son contradictorios a ojos de Ganemos Salamanca. El primero, una bolsa de horas injustificadas, más de 38.400 horas que no se van a utilizar. Y, en segundo lugar, los criterios que tienen un juicio de valor y se dejan abiertos. “Esto da lugar a una arbitrariedad por parte del equipo de gobierno para precondicionar a quien está dirigida la contratación de este servicio”, manifiesta Gabriel Risco.
Texto y foto: Ana Pedraza
