La Comisión Europea, a traves del Comisario Europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, el maltés Karmenu Vella, ha dado respuesta a una pregunta escrita (E-003015/2017) , solicitada por Stop Uranio y presentada por el eurodiputado de Podemos Xabier Benito Ziluaga. La pregunta pretendía conocer qué medidas tomará la Comisión Europea para garantizar la proteccion de la salud de las personas que viven en la zona de Retortillo, en riesgo por la construcción de la única mina de uranio radiactivo a cielo abierto de toda Europa.
En su respuesta, la Comisión Europea confirma que ha lanzado una investigación “para comprobar el cumplimiento de las disposiciones pertinentes de la legislación de la UE, en particular de las directivas en materia de evaluación de impacto medioambiental y hábitats.” Además, el Comisario Karmenu Vella recuerda que “La Comisión llamó la atención de las autoridades españolas” sobre el incumplimiento por parte de España del artículo 37 del tratado de EURATOM, que mandata presentar toda la información pertinente en asuntos relacionados con el uranio y el torio.
Por todo ello, el Comisario responde a la pregunta de Stop Uranio presentada por Podemos que “las actividades de minería del uranio están cubiertas por la Directiva sobre normas de seguridad básicas” y avisa que “si la evaluación jurídica pusiera de manifiesto la no conformidad o una aplicación deficiente de la legislación comunitaria”, la Comisión “tomará todas las medidas necesarias, incluidos los procedimientos de infracción a que haya lugar”.
Para Ignacio Paredero, Secretario General de Podemos Salamanca, “esta respuesta de la Comisión Europea es una voz de alarma sobre un posible incumplimiento de la normativa de salud en algo tan delicado como la extracción masiva de uranio radiactivo».
Berkeley Minera, por su parte, manifiesta su «satisfacción» por el anuncio del lanzamiento de una investigación por parte de la Unión Europea, «que confirmará que el proyecto minero de Salamanca se está desarrollando en cumplimiento de las disposiciones pertinentes de la legislación europea, y de acuerdo con los más altos estándares internacionales en materia de salud, seguridad y medio ambiente».
La empresa añade que el proyecto «ha sido analizado minuciosamente por distintos órganos administrativos competentes: Unión Europea, Administración Estatal (autorizaciones emitidas por la Confederación Hidrográfica del Duero, Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital), Junta de Castilla y León, Diputación Provincial de Salamanca y el Ayuntamiento de Retortillo».
Añade que hasta la fecha, el proyecto «ha recibido más de 100 informes favorables. Además, la compañía ostenta los certificados de Gestión Minera Sostenible y de Gestión Ambiental emitidos por AENOR, organismo independiente del Gobierno».
Paul Atherley, consejero delegado de Berkeley Minera, explica que «estamos invirtiendo hasta 250 millones de euros en este proyecto, creando, además, 2.500 puestos de trabajo en una región que tiene uno de los niveles más altos de desempleo de Europa y que el año pasado sufrió una tasa de despoblación de alrededor de 25.000 habitantes».
El CEO de Berkeley afirma que «asistimos a una campaña de desprestigio impulsada para acabar con este proyecto y dejar sin empleo a 70 trabajadores y a sus familias, y que está siendo promovida por un grupo cuya ideología antinuclear es inconsistente con las políticas actuales en España y la UE».
Por último, añade que «apoyamos plenamente el uso de energías renovables, pero debemos ser conscientes de que cuando el sol no brille y el viento no sople necesitaremos una energía nuclear limpia y de bajo coste para poder mantener las luces encendidas».
