Castilla y León cerró el segundo trimestre de 2017 con una deuda viva de 11.378 millones de euros, lo que equivale al 20,1 % del Producto Interior Bruto (PIB) y se mantiene como la octava más saneada del país, de acuerdo con los datos que ha publicado este viernes el Banco de España.
Esta ratio es cinco puntos inferior al promedio nacional, un elevado diferencial que se ha ampliado tres décimas respecto al periodo enero-marzo. De hecho, el endeudamiento de la Comunidad es el que menos ha crecido en lo que va de año, el 0,55 % frente al 3,22 % que ha aumentado la media.
El peso de la deuda de la Comunidad sobre los 285.907 millones de euros que acumulan en total las autonomías cada vez es menor. A 30 de junio de este año, el pasivo de Castilla y León ascendía a 11.378 millones de euros, el 3,98 % del total, porcentaje que se ha rebajado seis décimas respecto a marzo.
Es preciso recordar que en la cantidad correspondiente a la Comunidad se incluyen los créditos formalizados en 2015 con cargo al Fondo de Facilidad Financiera (FFF), por importe de 2.053 millones de euros; las llamadas operaciones de ‘factoring’ sin recurso, es decir, la cesión de algunos créditos comerciales con la Administración a entidades financieras, que suponen 186 millones; la deuda vinculada a proyectos de colaboración público-privada, por 295 millones de euros, y los préstamos reintegrables que concede la Junta a las empresas, que añaden otros 292 millones.
La composición de la cartera de deuda de Castilla y León revela la importancia creciente de las emisiones frente a los préstamos, lo que refuerza la imagen de la Comunidad como entidad activa en los mercados a la hora de ampliar su base inversora. Así, el endeudamiento contraído por la primera vía se acerca a un tercio del total, en concreto el 31 %, mientras que las operaciones crediticias tradicionales suponen el 69 %.
