[dropcap]A[/dropcap]solo dos días del acontecimiento del ilegal referéndum, no sabemos si se celebrará o no. Rajoy dice que de ninguna manera, y que están tomándose las medidas para ello. Los separatistas, sin duda, harán todo lo posible por pretender que su convocatoria ha sido un éxito. Y si es necesario, recurrirán al escenario virtual de internet para demostrar lo indemostrable.
De modo que el domingo 1 de octubre, por la noche, podemos encontrarnos con un resultado prefabricado de que ha habido mucha gente depositando su voto telemático. Lo que llevaría, tal vez, a la proclamación de la independencia, incluso por la CUP en solitario. Y ante esa situación ya no caben paliativos: los máximos representantes secesionistas, tendrían que pasar a manos de la Justicia, para ser juzgados por sus delitos contumaces, que tanto contribuyen al fraccionamiento de la propia Cataluña, como al desasosiego de un país entero de 47 millones de personas, que pretenden vivir en la mayor prosperidad y en pos del progreso y el bienestar en una España en la que caben todos.
Nos encontramos en el estado de emergencia, se diga o no con la Ley de Seguridad de 2015 en la mano, o en situación de aplicar el artículo 155 de la Constitución. Porque aprovechando las libertades públicas que garantiza nuestra Ley de Leyes, se ha creado una situación estrambótica, como se reflejaba hace días en el programa Salvados, cuando Évole sometía a Puigdemont a un tercer grado televisivo de alta calidad, en el que se demostraba que el pretendido presidente de la República Catalana (Puigdemont) no ha hecho otra cosa que crear confusión irracional, llevando a Cataluña al borde del abismo, y creando una situación que sólo con la tibieza del Gobierno de la nación se ha posibilitado a lo largo del último año.
En la hipótesis más optimista de que el referéndum no se celebre, y pocos días después del episodio se convoquen elecciones autonómicas, todos anuncian que se abrirán negociaciones para cambiar el estado de cosas que se ha creado en Cataluña, pero no para negociar con las hordas separatistas, porque nada puede negociarse con ellos de momento. Son dos millones de los casi ocho que de población tiene Cataluña, inasequibles al desaliento. Por varias razones: un patriotismo mesiánico planteado por la tergiversación de la Historia; un ansia de poder desmedida de los dirigentes, que quieren hacerse con un espacio político y económico propio, como si fuera un cortijo para ellos; un intento de soterrar la corrupción que han desarrollado los independentistas, desde el padre de la criatura, que es Jordi Pujol, contaminando a sus propios hijos biológicos; y políticos, como son Artur Mas o el propio Puigdemont.
Esas tres circunstancias convergentes han llevado a la situación actual, en la que negociar es tan difícil: quieren el poder, salvar el pellejo de la cárcel a que están abocados por prevaricadores y malversadores, en la esperanza de convertirse en héroes para los libros de la amañada Historia escolar de un futuro no tan lejano.
En cualquier caso, el Gobierno tiene que plantearse un repertorio de medidas para Cataluña, pasando, ante todo, por el inexorable cumplimiento de las leyes, cosa que se ha desatendido por décadas. Y ¿cuál sería ese repertorio sin violar la Constitución y manteniendo una igualdad política entre las diferentes partes de España?
Lo planteé en mi libro ¿Adónde vas, Cataluña? Es precisa una mayor integración constitucional catalana, para lo cual, sin modificar la Constitución, puede establecerse el Senado en Barcelona. Una reconsideración de las funciones de la Cámara Alta, que hoy resultan casi absolutamente inútiles para el sistema legislativo y el control del Gobierno. De modo que con esas reformas, el Senado en la ciudad condal tendría funciones mucho más relevantes que ahora. No sería un sistema cabalmente de bicapitalidad, pero sí aproximándose a ello, y daría a Barcelona, y a toda Cataluña, un status nuevo complementario de su más que importante encumbramiento desde los Juegos Olímpicos del 92.
Complementario del Senado, podría ser el establecimiento, también en Barcelona, de un Ministerio de Administraciones Territoriales. Al que correspondería la preparación de todo lo concerniente al nuevo modelo de descentralización económica y social. Para asegurar, entre otras cosas, que dejemos de tener 17 sistemas sanitarios diferentes, 17 políticas educativas distintas, o 17 mecanismos diversos para la aplicación de la Justicia y las leyes.
[pull_quote_left]Por supuesto hay otros temas: educación sin sectarismos, orden público bien interconectado, sanidad con mayor solidaridad y conexión entre las CC.AA., etc. Todo ello puede revisarse, así como algunos aspectos del Estatuto de 2006, retirados por el Tribunal Constitucional en 2010.[/pull_quote_left]Y queda el tema fiscal, recordando la vieja petición de un pacto que llevase a Cataluña las ventajas confederales del País Vasco y Navarra; imposible de aplicar sin una más que difícil reforma de la Constitución.
Por eso, a ese tema habría que echarle mucha imaginación, planteando cuestiones realizables. Por ejemplo, que no puede haber en las célebres balanzas fiscales más de una contribución neta solidaria del 4 por 100 del PIB regional propio por parte de ninguna Comunidad. Como también cabe la posibilidad de que dentro del Impuesto de Sociedades se dedique una parte de sus ingresos totales a las CC.AA. que tengan más de un cierto porcentaje de sedes societarias y de percepciones reales por ese tributo, que ahora van enteramente a la caja común del Estado.
Sinceramente creo que si se instrumenta un conjunto de mecanismos concretos, operativos desde el principio, habría posibilidades de llegar no tanto a un acuerdo, sino a unos principios de funcionamiento más en la idea de lo que puede ser la relevancia catalana en la realidad española. Y en línea con el reconocimiento de una serie de principios de compensación histórica, que tuve ocasión de destacar en mi ya citado libro ¿Adónde vas, Cataluña?
Por supuesto hay otros temas: educación sin sectarismos, orden público bien interconectado, sanidad con mayor solidaridad y conexión entre las CC.AA., etc. Todo ello puede revisarse, así como algunos aspectos del Estatuto de 2006, retirados por el Tribunal Constitucional en 2010. Todo lo cual podría tratarse en una Comisión de Cortes ad hoc, para que luego el Gobierno considerara someterlo a referéndum nacional.
Esas son las propuestas que a mi juicio debería estudiarse, en vez de seguir en la nebulosa actual, en la que todo son vaguedades e improperios recíprocos. Y no como negociación bilateral, sino como una nueva situación dentro de la política española general.
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