Un informe elaborado por peritos judiciales sobre seguridad de los agentes medioambientales, encargado por CSIF, evidencia las “tremendas deficiencias y falta de recursos” con las que ejercen su trabajo los agentes medioambientales y forestales. El informe, denominado ‘Estudio de viabilidad para la dotación de medios para el empleo de la fuerza y formación al Cuerpo de Agentes Medioambientales y Forestales’, se entregó en junio a la Junta, “y después de cinco meses desde la última reunión, la administración regional no ha vuelto a convocar al grupo de trabajo”, lamenta CSIF.
“En los últimos años, los agentes medioambientales de Castilla y León estamos sufriendo el más absoluto abandono, por parte de la Junta, a la que exigimos una y otra vez medidas encaminadas a garantizar nuestra seguridad personal, y a contar con un operativo anti-incendios mínimamente suficiente”, señala Marcelino Arribas, agente medioambiental y delegado sindical de CSIF, que junto con otro compañero, y el responsable del sector de Administración General de la Junta de CSIF Castilla y León, Mariano Prieto, han ofrecido este jueves una rueda de prensa.
“Por desgracia, las amenazas y las agresiones a los agentes medioambientales continúan, como la sufrida el pasado primero de octubre un agente de Valladolid, al que intentaron apuñalar, mientras realizaba su servicio en solitario, y sin ningún medio de defensa o protección”, explica Arribas. “Esto se tiene que acabar, la inseguridad que sufrimos es insoportable, ante la vergonzosa dejadez de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente”. “Es tan clamorosa nuestra demanda de medidas de seguridad, que hasta la Federación de Caza de Castilla y León ha solicitado a la Junta medidas para proteger a ‘sus agentes medioambientales”, añade.
CSIF recuerda que los agentes medioambientales que son un cuerpo de policía judicial, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la ley de montes nacional, y que, por tanto, pueden portar arma reglamentaria -que la Junta retiró en el año 2013- como elemento de protección y disuasión, ante los numerosos y peligrosos incidentes a los que se tienen que enfrentar, para hacer cumplir las leyes medioambientales que le competen.
