El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y cuatro de sus consejeros, se convirtieron este jueves en prófugos al no acudir a declarar ante el juez de la Audiencia que los citó tras ser acusados por la Fiscalía de los presuntos delitos de sedición, rebelión y malversación.
Ahora, se emitirá una orden europea de detención para cada uno de los prófugos para que sean detenidos en Bélgica, que es donde se han trasladado, a sabiendas de que este país es el que más tarda en gestionar esos requerimientos.
Las autoridades belgas tienen un plazo de 60 días para detener y entregar a la justicia española a los prófugos, con lo que Puigdemont y sus fieles seguirán haciendo una pantomima desde la capital europea.
Ese plazo le permitirá, asimismo, mantener su papel durante la campaña de las elecciones catalanas del 21 de diciembre.
Los que sí acudieron a la Audiencia son los otros nueve miembros del Govern, incluido Oriol Junqueras, que fue el más madrugador.
Una vez les tome declaración, la juez Lamela tiene previsto celebrar una vistilla para adoptar las medidas cautelares. La Fiscalía podría pedir prisión para la mayor parte de los investigados.
Por su parte, la presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, ha sido la última en llegar de los seis miembros de la Mesa citados en el Tribunal Supremo, aunque sus declaraciones se han aplazado hasta el 9 de noviembre a petición de los abogados defensores.
