La Administración General del Estado paga de media un 25 por ciento menos a sus empleados públicos en relación a las comunidades autónomas por el mismo puesto, lo que pone de manifiesto la discriminación de un colectivo de 230.000 personas, que se sienten maltratadas por sus responsables, en este caso, el Gobierno de España.
El conjunto de las administraciones públicas han sufrido una pérdida de poder adquisitivo del 20 por ciento en los últimos años como consecuencia de los recortes. La Administración General del Estado además, sufre un desfase adicional que es preciso compensar de manera paulatina. Con este estudio, CSIF pone de manifiesto la necesidad de retomar las negociaciones en materia salarial interrumpidas en septiembre, tras la crisis institucional en Cataluña. De lo contrario, el sindicato no descarta iniciar movilizaciones.
Según un estudio realizado por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, estas diferencias retributivas oscilan entre los 1.000 de menos que cobra un personal laboral en labores de mantenimiento y servicios; y los 21.600 euros de menos que cobra un funcionario A1 (titulado superior) respecto al País Vasco.
Con la disminución de efectivos, desde 2010, se ha producido una pérdida de masa salarial acumulada de 1.657,7 millones de euros que podría invertirse en esta equiparación salarial. CSIF entiende que, como mínimo, en el próximo presupuesto debería de consignarse una partida de fondos adicionales en torno a los 500 millones de euros.
El sindicato abordará este martes esta problemática con el Grupo Parlamentario Popular y en los próximos días con Ciudadanos. El propio presidente del Gobierno señaló recientemente a medios de comunicación la conveniencia de equiparar los salarios entre Administración General del Estado y Comunidades autónomas, al igual que se pretende hacer en el caso de Guardia Civil y Policía.
