La Asociación «Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio» ha solicitado conocer la valoración positiva que han realizado las administraciones públicas competentes en materia de patrimonio para autorizar la celebración de un mercadillo, considerado como navideño, y que estará ubicado en la Plaza de Anaya durante siete semanas.
Dicho mercadillo está conformado por un importante número de pequeñas casetas y utiliza una plaza pública, declarada Bien de Interés Cultural, en el centro del conjunto histórico, de un bien inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial y cuando desde el pasado mes de noviembre Salamanca dispone de un Plan de Gestión Integral que establece serios criterios y restricciones a fin de conservar el paisaje urbano y asegurar el disfrute de la ciudad monumental.
Independientemente de la duración de ese mercadillo y del escaso valor o aportación a la oferta comercial de Salamanca, la asociación considera que «esa actividad es inadecuada por la sola colocación de tan numeroso grupo de casetas, lo que produce un gran impacto en el paisaje urbano y en la contemplación de esta histórica plaza; por las tareas de montaje y desmontaje, con el consiguiente daño al pavimento y molestias a los transeúntes y visitantes; por la instalación de los correspondientes tendidos de cableado, para un lugar que -por suerte- no está habilitado para tal uso; por situarse junto a destacados monumentos y sus entornos como el Edificio Histórico de la Universidad de Salamanca, la Catedral Nueva o la Iglesia de San Sebastián, produciendo un desgaste y un notable menoscabo y ocultación de los mismos; y, también, por las molestias hacia los vecinos de la zona que deben soportar el incremento de la actividad, afluencia y ruido, especialmente durante el montaje, desmontaje y celebración de actividades de animación».
Todo ello, a su juicio, pone de manifiesto «el escaso criterio con el que se ha autorizado dicho mercadillo y que para cualquier salmantino con un mínimo sentido común y preocupado porque su ciudad sea respetada en todo momento, se trata de una grave intromisión en el espacio público, que perturba el paisaje urbano, en una ciudad monumental y turística, durante un largo periodo de tiempo, lo cual es inadmisible».
«Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio» considera que el uso dado durante siete semanas a la Plaza de Anaya «no está justificado en cuanto a la demanda existente y tampoco porque una plaza pública no es una parcela dotacional desde la que ofertar servicios, debe ser para el esparcimiento, el uso y disfrute libre por parte de la ciudadanía. Es más, ésta no es la única actividad promovida o autorizada por el Ayuntamiento de Salamanca a lo largo del año en este lugar impidiendo su uso y disfrute libre, así como su visita y contemplación de los monumentos. Los daños producidos en el empedrado, además, han sido reparados con poca fortuna».
