Todo complicado, todo es posible

[dropcap]S[/dropcap]obre el resultado de las elecciones autonómicas catalanas del jueves 21 de diciembre de 2017, cabe hacer algunos comentarios:

• Gran participación popular: el 81,9 por 100 del censo electoral, más que en 2015, que fue del 77,46 por 100. Eso sucedió, sobre todo, porque los constitucionalistas –Ciudadanos, PSC, Comunes más PP— consiguieron 2.212.871, es decir, un plus de 149.010 papeletas en total, el 50,89 por 100 de los votos válidos. Frente a los soberanistas, con 2.063.361 de sufragios y el 47,52 por 100.

• Un referéndum pro Constitución. Los comicios constituyeron, pues, un auténtico referéndum a favor de seguir en España. Por lo cual en el Parlamento catalán, habría de abandonar la idea separatista, y recuperar la idea de la Constitución y el Estatuto de Autonomía. De no ser así, tendría que funcionar, de nuevo, el 155. En definitiva, los partidarios de seguir en España –antes la mayoría silenciosa— han perdido cualquier clase de temor a manifestar su legítima aspiración. Eso cabe interpretarlo como reacción ante la evolución económica perversa que han creado los indepes: en vez del sentido común (el célebre seny), se fue hacia el abismo político y a una cada vez más posible depresión económica.

• Fuerte ascenso de Ciutadans, de 25 a 36 escaños, el primero de todos los partidos catalanes, y también la primera fuerza constitucional. Por las atractivas figuras de su Presidente, Albert Rivera, y de Inés Arrimadas, al frente de la candidatura de C’s; con un programa de trabajo y no con la matraca o monotema del fatigante independentismo.

• Ciudadanos se hizo con muchos votos, algunos dicen que el 60 por 100, del Partido Popular, que de sus 11 anteriores diputados cayó a sólo 4. De modo que los esfuerzos de su cabeza de lista, Xavier García Albiol, se vieron deslucidos, a pesar de la ubicua presencia del Presidente Rajoy en la campaña. El PP quedó como última fuerza política, detrás incluso de la CUP, con un futuro no poco dudoso, y no sólo para el candidato, sino también por lo que concierne al Partido Popular en Cataluña.

• El PSC recuperó algunos votos sobre la elección anterior (17 escaños sobre los 16 de 2015), pero quedó frenado en sus expectativas para lo que parecía iba a ser una transferencia considerable de papeletas. Seguramente debido a que el candidato, Miquel Iceta, quien se permitió extrañas declaraciones en la campaña, como por ejemplo, la idea de indultar a los soberanistas investigados e incluso en la cárcel. Al tiempo que solamente dio un plazo de dos años para negociar con el Estado, amenazando con no se sabe qué terminado ese tiempo, ¿tal vez demandar también independencia?

• Escasa victoria, en escaños, de los partidos independentistas: 34 para PDeCAT, 32 a ERC y grave caída de la CUP de 10 a 4, en total 70. Con sólo dos diputados de mayoría sobre los constitucionales y pérdida de dos plazas sobre 2015.

• Puigdemont recuperó votos de la antigua CiU para el nuevo partido de PDeCAT, con 34 escaños. Pero su peregrina huída a la capital europea, y sus andanzas un tanto anómalas por aquellos pagos (actuando, paradójicamente, en contra de la UE), seguramente no le servirán, a la postre, para ir nuevamente a la presidencia de la Generalidad. Su retorno a España, con previsible detención al entrar en el país, será un obstáculo muy serio para su futuro político.

• La disminución de los votos previsibles de ERC (32 escaños, 2 menos que PDeCAT), significó un desdibujamiento de la figura de Oriol Junqueras. Que no supo gobernar en tándem con Puigdemont para bien de los catalanes, durante casi dos años de estéril Parlamento y Consejo Ejecutivo. Si bien es verdad que no cabe excluir a Junqueras de alguna combinación futura para la gobernanza de Cataluña.

• La CUP se hundió, pasando de 10 a 4 escaños. Cabe pensar que por sus posiciones electorales: insistiendo siempre en el monotema de la soberanía, y abandonando los elementos más radicales de su programática anticapitalista.

• Queda la cuestión de los Comunes (Catalunya en Comú) de la alcaldesa Ada Colau y de Xavier Domènech como jefe de fila de los podemitas y asimilables de Cataluña. Su actuación en el contexto global salido de las urnas, no le permitirá ser la llave de un futuro Gobierno catalán. Con sólo 8 escaños, perdió 3 frente a los 11 de 2015.

En resumen, las elecciones del 21 de diciembre de 2017 no parece que vayan a resolver la cuestión catalana en un breve plazo. Quienes forman el Principado se hallan divididos en dos mitades, casi iguales en escaños, por una ley electoral que favorece a los soberanistas. Por lo demás, los plazos están claros:

• 23 de enero de 2018: constitución del Parlamento.
• 6 de febrero: 10 días para la investidura.
• Si el 17 de febrero no ha habido investidura, dos meses de tiempo para convocar nuevas elecciones, que acabarían celebrándose en mayo o junio de 2018.

Y queda, por último, una cuestión: ¿qué sucederá con las credenciales de Diputado? Los soberanistas, al retirarlas, tendrán que jurar la Constitución y el Estatuto en contra de sus declaradas intenciones. Y a partir del 6 de febrero de 2018, para la investidura del Presidente de la Generalidad, si permanecen en la cárcel tres diputados electos, y retornan, seguramente para ser encarcelados, los cinco del llamado exilio de Bruselas, ¿qué efecto tendrá en el recuento de los votos efectivos?

Según el reglamento del Parlament, el voto tiene que ser personal, y no cabe que sea delegado por la circunstancia carcelaria o de pretendido exilio. Por tanto, no habría votos suficientes para elegir a un presidente soberanista. Salvo que haya una petición judicial al Tribunal Supremo, a fin de considerar que las circunstancias de esos ocho diputados son tan especiales que cabe el voto delegado; o que por el Juez se suspenda por un tiempo la cárcel, o incluso se excarcele, para emitir los votos y todo ello con el juramento antes mencionado, que tendría que salvarse con la frase más que farisea de “por imperativo legal”. En todo lo cual habrá de tenerse en cuenta que la acción de la Justicia contra esos hoy diputados electos, comenzó con las investigaciones anteriormente a las elecciones 21-D-2017.

En resumen, un panorama muy nebuloso, a despejar en enero y febrero de 2018. Pero lo que también está claro es que el nuevo Parlamento debería configurar una Comisión para investigar los perjuicios sociales y económicos causados por el soberanismo a la sociedad y a la economía de Cataluña; valorando los muchos efectos negativos que se produjeron. Y cabría pedir responsabilidades sobre quienes gobernaron la Comunidad entre 2015 y 2017.

Este es el último artículo que el autor envía a La Crónica en 2017, y aprovecha la ocasión para desear todo lo mejor a los lectores. En  un año, el 2018, que indudablemente va a ser interesante y muy movidito. Felicidades, y cualquier observación pueden enviarla a castecien@bitmailer.net

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