Juan Ignacio Zoido, ministro de Interior, ha comparecido este jueves en una sesión extraordinaria de la Comisión de Interior del Senado debido a la polémica que rodea la actuación policial en el referéndum catalán. El Gobierno destinó 87 millones de euros en el despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad entre alojamiento, manutención y desplazamientos.
Aunque las cargas policiales que se llevaron a cabo el 1 de octubre han sido duramente criticadas, Zoido las ha defendido, alegando que “las Fuerzas cumplieron con la Constitución, tal y como había sido requerido por las autoridades judiciales”. El ministro considera que la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil que tuvo lugar ese día es “legítima, profesional y proporcionada” y acusa a los Mossos d’Esquadra de actuar con “absoluta pasividad y nula colaboración”.
“En 49 de los 948 municipios catalanes hubo más votantes que censados, como en Polinyá”, manifestó el ministro, “se impidió la entrada de los agentes a los colegios electorales y, por tanto, impidieron que se cumpliera la Ley, provocando que la actuación policial fuera ralentizada y obstaculizada. Ante esta situación, las Fuerzas de Seguridad tuvieron que apartar una a una a las personas”. Los FCSE desactivaron 113 centros electorales y 100 no llegaron a abrir.
Desde el Gobierno justifican el uso de la fuerza de este modo, argumentando que había cientos y miles de personas tratando de impedir el acceso de los agentes con actitud hostil. Zoilo quiso destacar la “diferente actitud” hacia los Mossos y la Policía y Guardia Civil. A los primeros les trataban con “complicidad y agradecimiento” ante su inacción y a los segundos con “hostilidad, violencia y agresividad”.
En su intervención también señaló las noticias falsas que circulaban por diferentes medios, como una mujer con los dedos rotos o la foto de un niño herido. “Lamento como el que más que haya habido heridos, pero los responsables fueron los que generaron el clima de desobediencia”, afirmó el ministro, “los hechos son lamentables y, preferiblemente, nunca debieron producirse, pero las Fuerzas de Seguridad del Estado no pueden eludir su responsabilidad”.
