La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) llama a los empleados públicos a participar en la concentración que se celebra este miércoles 31 de enero a las 11 horas, ante la Subdelegación de Salamanca, “en un momento crucial para exigir la recuperación salarial y del poder adquisitivo perdido durante la crisis; y para reclamar la equiparación retributiva de los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) con los de las autonomías, incorporándose así al proceso iniciado ya por los empleados de Policía Nacional y Guardia Civil.
En la provincia de Salamanca hay unos 1.820 empleados de la administración del Estado, según los últimos datos propios y contrastados por CSIF a fecha de noviembre de 2016, unos 130 menos que en julio de 2010. En el conjunto de Castilla y León, en ese mismo tiempo se han perdido unos 1.900 empleados en la Administración del Estado.
A nivel nacional, un estudio elaborado por CSIF evidencia que los trabajadores de la Administración Central, teniendo la misma categoría y realizando el mismo trabajo y funciones, cobran un 25% menos de media que los que dependen de algunas autonomías. “Una discriminación que no tiene ninguna razón objetiva que la justifique, y cuya homologación deberá llevarse a cabo cuanto antes, asegura.
Según CSIF, esa diferencia salarial entre empleados del Estado y de algunas autonomías, puede ir de los 1.000 euros anuales en el caso personal laboral de mantenimiento y servicios, hasta unos 21.600 en funcionarios titulados de la categoría A1, si se compara con el País Vasco.
En Castilla y León, una comparación más detallada refleja que las diferencias retributivas entre los empleados del Estado y de la Junta, a favor de éstos, oscilan en el caso de los laborales, entre los 68 euros anuales de un empleado del grupo IV y los 3.531 en el grupo A1 de nivel 28.
Respecto a los funcionarios, esa diferencia va de los 244 euros anuales en un empleado del grupo C2 nivel 18, a los 2.416 euros en el nivel A1 nivel 28. CSIF exige a Hacienda fondos adicionales en el presupuesto para la equiparación salarial de los empleados de AGE y una tasa de reposición del 100% en este sector.
Castilla y León tenía en noviembre de 2016 un total de unos 12.985 empleados en la Administración General del Estado (AGE), unos 1.900 empleados menos que en julio de 2010, cuando sumaban 14.890, según los últimos datos propios de los que dispone CSIF. En España, el descenso -en ese periodo- ha sido de casi 39.000 empleados, siendo AGE la administración que más empleo ha destruido, con una media de 100 a la semana. Ahora hay unos 202.300 trabajadores públicos en la Administración General del Estado (AGE) de España.
“En la hipótesis de que se mantuviera este ritmo de destrucción de empleo, esta sería la última generación que habrá conocido nuestro modelo de Administración General del Estado”, advierte CSIF. Por otra parte, el envejecimiento es preocupante. El 65% de la plantilla de la Administración General del Estado en España tiene más de 50 años, y cerca del 15% están ya a las puertas de la jubilación, recalca CSIF. Datos que también pueden trasladarse a Castilla y León. Además, la incorporación de jóvenes se ha reducido drásticamente en un 80% por la paralización de la contratación.
En la provincia de Salamanca había unos 1.820 empleados públicos pertenecientes a la Administración General del Estado (AGE) en noviembre de 2016 (según datos de CSIF Castilla y León), cuando en julio de 2010 eran unos 1.950. Es decir, ha habido una reducción de unos 130 empleados en ese periodo. El total de empleados públicos de Salamanca, en el conjunto de las administraciones, suman unos 20.400.
Subida salarial
Aunque CSIF valora “positivo” que el Ministerio de Hacienda haya retomado la propuesta realizada el pasado verano, de una subida fija salarial para los empleados públicos del 5,25% en tres años (1,5 en 2018; 1,75 en 2019 y 2% en 2020), que podría elevarse hasta el 8% en el caso de que se cumplan los objetivos de crecimiento económico y reducción del déficit; esta organización sindical considera “insuficiente” la propuesta del Gobierno. CSIF recuerda que la pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos supera el 20%, como consecuencia de los recortes y medidas adoptadas durante los años de la crisis económica.
