[dropcap]L[/dropcap]a Federación por la Defensa de la Sanidad Pública lleva un tiempo insistiendo, con razón, en que estamos perdiendo las características de equidad y universalidad que la ley de Sanidad exigía al sistema de salud.
En efecto, existe una discriminación geográfica y social que hace que la accesibilidad y la calidad de la asistencia sea diferente, no sólo por hábitat rural o urbano sino, también, de una comunidad a otra.
Desde el modelo de financiación autonómica del 2001 que implantó el gobierno de Aznar, los presupuestos de los sistemas de salud dependen de cada comunidad y de aquí las diferencias entre ellas tanto en la dotación económica como en la elección de los gastos (por ejemplo, Cataluña gasta el 25 % de su presupuesto en conciertos con centros privados).
Nuestra comunidad, desde los recortes, ha descendido, dentro del ranking de las comunidades, del tercer puesto al quinto en lo que se refiere a la opinión ciudadana sobre su funcionamiento, pero si nos fijamos en datos objetivos, en lo que se refiere al presupuesto “per cápita” somos los octavos (recordamos que tenemos 17 comunidades). Son aún más llamativos los datos sobre lista de espera, ya que en el porcentaje de pacientes que piden consulta con el especialista y se la dan en 15 días, estamos los octavos, los catorceavos en el ítem de los pacientes a los que les dan cita con Atención Primaria en 24 horas y en los treceavos en demora quirúrgica (lógico, teniendo en cuenta que somos los décimos en número de quirófanos). Son datos de 2016 y todos sabemos que estas cifras han empeorado en el último año. La FADSP ha propuesto una serie de medidas correctoras de estas diferencias (en artículo de M. Martín “Por un cambio progresista de la financiación sanitaria” Nueva tribuna 18/ 12/ 2017), de las que señalaremos algunas de ellas, como:
Que el presupuesto “per cápita” sea mismo en todas las comunidades (o con pequeñas variaciones que no superen el 10%).
Que el Consejo Interterritorial de Salud realice un Plan destinado a estudiar las diferencias objetivas entre comunidades y a corregirlas (envejecimiento, recursos…) y un Fondo destinado a las necesidades de gasto.
Que la existencia de una Agencia única de compras de medicamentos ayudaría a la disminución de gasto.
Así como que la creación de una agencia estatal que difunda protocolos y guías clínicas unificaría los criterios asistenciales. Para todo esto sería necesario que el Ministerio de Sanidad recuperara su función y abandonara esta actitud de apatía.
Esperanza González Marín
