La Audiencia Nacional acaba de absolver a 19 de los 20 detenidos y participantes en el llamado ‘asedio al Parlament’, desarrollado en torno al Parlament de Catalunya el 14 y 15 de Junio de 2011. Un fallo del que se congratula la comisión legal del 15M en Salamanca.
Esta sentencia, según el 15M salmantino, «pone negro sobre blanco sobre el ejercicio de los derechos fundamentales en nuestro país, el modo de afrontar las protestas por parte de los gobiernos del país y el sentido común de justicia de buena parte de nuestros jueces, amenazados por las injerencias de un Gobierno que se arroga cada vez más potestades, prerrogativas y privilegios, en perjuicio del principio básico de separación de poderes».
En primer lugar, el 15 M destaca que «ha de reconocerse como dice la sentencia que por sus elementos y contenidos, la acción colectiva de protesta se hallaba dentro del ámbito constitucionalmente protegido del derecho de reunión y manifestación”. En segundo lugar, «ha quedado patente la utilización de medios inconstitucionales de obtención de pruebas por parte de la policía, con el ánimo de incriminar sesgadamente a las personas, a las que se impidió el derecho a defenderse». Y, en tercer lugar, «debe recordarse a los responsables políticos de nuestra región, que imposibilitar la confrontación simbólica pero personal, entre políticos y manifestantes, es una vulneración del derecho de reunión y manifestación en su vertiente conocida como piquete sobre la que no cabe admitirse la supresión de la protesta”.
Escraches al PP
En la actualidad, cualquier acción de protesta en nuestra región hacia responsables del Partido Popular supone la inmediata colocación de un cordón policial a cientos de metros de distancia, como sucedió con motivo de la reunión interparlamentaria del PP en Junio de 2013 en Salamanca, que se saldó con varios manifestantes aporreados «y encima detenidos de forma irregular, lo que sin duda fue una injerencia clara y evidente en el derecho de manifestación, que por su propia naturaleza puede generar incomodidad, molestia y sacrificio hacia los responsables políticos interpelados».
Desde esta comisión de juristas aseguran que «seguiremos defendiendo el derecho a la libertad de expresión, reunión y manifestación, ayudando a los ciudadan@s que legítimamente ejerzan la protesta y sentando en el banquillo a aquellos políticos y policías que traten de impedirlo, como lamentablemente viene sucediendo con cierta frecuencia en nuestra región».
