La economía social en la Comunidad sufrió un grave retroceso durante la última década aunque la recuperación económica también está llegando poco a poco a este sector empresarial. Y es que Castilla y León perdió 749 cooperativas y sociedades laborales desde el cierre de 2007 hasta la conclusión de 2017, que se llevaron por delante 4.578 empleos, según los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
ICAL./ El informe de cierre de ejercicio que maneja el departamento que dirige Fátima Báñez sobre estas actividades constata que en diciembre de 2017 había en Castilla y León un total de 1.211 cooperativas que cotizaban a la Seguridad Social, lo que representa una merma en 275 respecto a las activas en 2007, con un descenso porcentual del 18,5 por ciento. Unas empresas societarias que daban empleo a 9.231 trabajadores, un dato que supone una merma en su empleo en 2.316 efectivos, un 20,1 por ciento, en términos relativos.
Por lo que se refiere a las sociedades laborales, estaban en activo al cierre del año pasado un total de 512, lo que supone una merma en 474 respecto al mimo periodo de hace diez años, con un desplome porcentual del 48,1 por ciento. El empleo de estas empresas fue parejo a la merma de actividades: los empleados se desplomaron un 46,3 por ciento, hasta los 2.262.
Avance durante 2017
A pesar de estos malos datos, cabe destacar que en el último año, respecto al ejercicio anterior, Castilla y León ganó 14 actividades de la economía social y el sector generó 522 nuevos puestos de trabajo. En concreto, se crearon 31 cooperativas, que impulsaron 437 empleos; pero se cerraron 17 sociedades laborales, aunque el empleo en estas actividades creció en 85 puestos.
La información que facilita la Seguridad Social refleja que el mayor número de cooperativas, 651, operaba en la industria, con 1.793 empleados; seguido por las 205 del comercio, con 1.413 trabajadores; y las 186 de la industria, con 2.255 puestos.
Las cifras que gestiona la Seguridad Social no coinciden con las que facilita el Gobierno regional a través de su registro cooperativo, donde incluye tanto las activas como las inactivas, hasta 2013; con 634 de trabajo; 570 agrarias; 550 de explotación comunitaria de la tierra; 239 de vivienda; 30 de servicios; 20 de transporte; 18 de consumidores; nueve de enseñanza; una de crédito; y 32 de segundo grado.
En cuanto a las sociedades laborales, se centraban en el comercio y la hostelería, con 187 y 703 trabajadores; la industria (extractiva y manufacturera), con 104 actividades que daban empleo a 767 empleados; y 75 en construcción, con 316 puestos. El registro del Ejecutivo autonómico sobre estas empresas incluye también un mayor número respecto a las cotizantes, con un total de 1.626, de las 1.076 están en los servicios; 287 en la construcción; 215 en la industria; y 48 en la agricultura.
Mayor capacidad de adaptación
El consejero de Empleo de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, reconoció a Ical, que las empresas de economía social «sufrieron la crisis, sin lugar a dudas», pero defendió que tuvieron más capacidad de adaptación que el conjunto del tejido productivo frente a la recesión. En este sentido, constató la «flexibilidad» con que cuentan este tipo de empresas para adaptar las condiciones laborales de sus trabajadores-socios al propio mercado así como el reparto de beneficios. «Muchas empresas tuvieron que cerrar aunque en el caso de las cooperativas se priorizo en alguna medida su existencia adaptando sus condiciones al propio mercado y reduciendo beneficios», dijo.
Carlos Fernández Carriedo destacó que la economía social cuenta con grandes líneas de impulso por parte del Ejecutivo autonómico y recalcó las subvenciones para la incorporación de socios trabajadores o de trabajo en cooperativas y sociedades laborales, así como para proyectos de inversión en estas empresas. Fernández Carriedo incidió en que estas actividades ofrecen «muchas alternativas útiles» y son «instrumentos que hay que animar», aunque asumió que requieren de una «sensibilidad» porque «exigen mucho compromiso de los socios.
Unos trabajadores, recordó, que asumen a la vez la responsabilidad de la dirección de la empresas y del trabajo en equipo. Unas fórmulas, dijo, que pasan por fomentar el espíritu cooperativo y empresarial de una sociedad «cada vez más sensible» a que el trabajador «puede ser empresario y puede emplearse a través de estos mecanismos cooperativos. «No es fácil ni deseado pero cuando se potencia y funciona bien constituye una salida de futuro», dijo.
Nueva ley de cooperativas
Fernández Carriedo se detuvo en el sector cooperativo y recordó que el sector creció mucho en la crisis económica de los 70 con el cierre de muchas empresas. Sin embargo, recalcó que en el contexto actual, los socios de aquellas empresas cooperativistas tienen ya avanzada edad, y por tanto, es necesario un «relevo generacional». Asimismo, constató que muchas de esas cooperativas han venido incorporando trabajadores por cuenta ajena, que han aumentado, aunque no lo hayan hecho los societarios.
En esta situación, recordó que el Ejecutivo regional aprobó en Consejo de Gobierno el 23 de noviembre un nuevo texto legislativo sobre este sector, que en estos momentos está en tramitación parlamentaria, con el plazo de enmiendas abierto en principio hasta el próximo día 16 de febrero. La normativa, defendió, impulsará su funcionamiento, reduciendo trámites y agilizando procedimientos a través de las nuevas tecnologías y permitiendo que compitan en las mejores condiciones posibles en el mercado.
Fernández Carriedo precisó que la nueva normativa permite hacer muchos trámites digitalmente y adopta medidas como la devolución de fondos al socio cooperativista que se marche, en una plazo de diez años, para no poner en riesgo la actividad. «Priorizamos el funcionamiento de la cooperativa sin menoscabo de los derechos de los socios», dijo, para resumir que «son bastantes modificaciones para flexibilizar y reducir trámites para que las cooperativas puedan competir en las mejores condiciones».
