El Tribunal Supremo ha dictado una nueva sentencia a favor de la banca señalando que el cliente es quien debe asumir el impuesto generado por la constitución de la hoipoteca, el impuesto de actos jurídicos documentados.
Según el fallo, emitido este miércoles, clientes y bancos deben repartir a partes iguales el impuesto correspondiente al timbre notarial, pero el pago del AJD, Impuesto de Actos Jurídicos Documentados por la hipoteca, que es el coste más considerable, deberá ser asumido y por tanto liquidado íntegramente por el cliente.
La sentencia, cuyo contenido no se conocerá hasta dentro de unos días, ya ha producido malestar entre afectados, asociaciones de consumidores y bufetes de abogados que han defendido sus intereses.
Para aclarar conceptos, los gastos hipotecarios consisten en la devolución del dinero con los plazos e intereses pactados, pero no son los únicos que el cliente tiene que pagar, las entidades bancarias también han estado cargando por costumbre a los clientes los gastos de notaría, la inscripción en el registro de la propiedad y el pago del AJD.
Ante esta situación, la OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, promovió una demanda primigenia en la que consideraba que eran los bancos los que tenían que acarrear con estos gastos. El Tribunal Supremo consideró esta idea en una primera sentencia en diciembre de 2015, y anuló las cláusulas que hacían pagar a los clientes estos gastos. El problema siguió latente al no decidir el Supremo qué gastos correspondían a cada parte, por lo que las demandas continuaron.
El Tribunal reconoció en parte las reclamaciones de los clientes, estimando el pago a partes iguales del impuesto correspondiente al timbre notarial, pero no libra al cliente del pago del AJD de la hipoteca lo cual no contentó a los clientes.
La OCU calcula que los clientes podrían reclamar la mitad de esos gastos de notaría, unos 435 euros, y desde su web anima a los afectados a recuperar esa cuantía.
Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, afirma que “muchos bancos lo incluyen ya de serie en sus ofertas hipotecarias». Desde la judicialización de esta cuestión, algunos bancos cambiaron su política y se encargan de los gastos de notaría y registro de propiedad.
