[dropcap]R[/dropcap]ecientemente el Consejero de Educación de la JCyL, Fernando Rey, ha realizado unas reflexiones en voz alta, en presencia del Secretario de Estado de Educación, que han pasado más desapercibidas de lo que debieran.
El Consejero ha reivindicado la necesidad de que la prueba de acceso a la universidad sea común para los estudiantes de toda España, pero consciente de que conseguir un acuerdo al respecto, en esta nuestra España de las autonomías, es difícil, ha planteado la necesidad de reajustar los criterios para que los alumnos de Castilla y León no sigan discriminados, en las notas finales, con los de otras comunidades autónomas con notas sensiblemente más altas, pero que no tienenmejor niveles de educación.
En ese sentido, plantea al equipo de profesores que elabora las pruebas de la EBAU de este año que, sin bajar el rigor y la seriedad de la prueba, valore lo que sucede en otras comunidades autónomas para que el examen de Castilla y León no resulte «el más duro o el único duro de todo el país». Al respecto, ha mostrado su seguridad en que los ocho profesores que integran el equipo técnico que pone el examen llegarán a «algún tipo de acuerdo razonable» y lo harán «cuanto antes» para que a los alumnos de Castilla y León no se les exija «ni más ni menos» que al del resto de España.
Son unas declaraciones valientes, con un lenguaje políticamente correcto, que suponen un paso más para evitar la discriminación de nuestros alumnos. Hace tiempo que padres, profesores y alumnos venimos denunciando esta discriminación. En esta misma columna lo hemos tratado en diversas ocasiones.
La JCyL ha planteado la necesidad de una prueba única en distintos organismos y foros, y ahora da un paso más para, hasta que se consiga dicho objetivo, evitar que los alumnos castellano-leoneses continúen discriminados.
Es evidente que hay que reajustar los contenidos y exigencias a lo que se exige en la mayoría de las comunidades autónomas, pero no hay que olvidar que no se trata solo de que los equipos técnicos ajusten el nivel de dificultad de la prueba, se trata también de que los criterios de evaluación, que se realiza por un amplio número de profesores, sean similares a los que utilizan en otras comunidades.
Parece claro que en el nivel político autonómico se han asumido las reivindicaciones de los últimos años y se reivindica la prueba única estatal, pero, al menos de momento, el colectivo profesional responsable de elaborar y evaluar dicha prueba, es decir los profesores, deben estar concienciados también del problema y aportar su grano de arena a la solución transitoria hasta que se consiga dicha prueba. Es decir que tienen que dejar “el papel de fumar” a un lado y coger el toro por los cuernos.
Mientras, padres, profesores y alumnos deben mantener la actitud reivindicativa y la presión que ha servido para que la sociedad castellano-leonesa se conciencie del problema y para llevar la denuncia del mismo a instancias de las que depende susolución. El fin de curso está a la vuelta de la esquina y nuestros alumnos precisan de una solución ya.