Denuncian que se está «desmantelando» la Inspección de Consumo en Salamanca

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios -CSID- denuncia el ‘descabezamiento” de la dirección técnica de la Inspección de Consumo en algunas provincias, y la carencia de recursos y de logística suficientes, para atender adecuadamente las competencias de este servicio, “fundamental” para defender la salud, seguridad y los derechos económicos y sociales de los consumidores y usuarios en Castilla y León.

CSIF critica el cada vez menor reconocimiento profesional del personal de Inspección de Consumo, dependiente de la Junta cuando -paradójicamente- la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local da todas las competencias de la defensa del consumidor a la comunidad autónoma.

En Salamanca, de las dos plazas de técnico que ejercían funciones de instrucción de procedimiento administrativo sancionador, ya sólo queda una, la cual ha dejado de depender funcionalmente de la Sección, haciéndolo ahora directamente de la Jefatura del Servicio.

Hay actualmente cinco inspectores en activo. En el año 2017 se contabilizaron más de 500 denuncias que llegaron a Consumo, y en 2018 se espera un incremento masivo a tenor de los datos que se tienen hoy.

Existen en la provincia de Salamanca 3 OMIC, la de la capital, la de Ciudad Rodrigo y la de Béjar, que básicamente recepcionan quejas y las remiten a la Junta.

Esta denuncia la realiza CSIF coincidiendo con la celebración del ‘Día Internacional del Consumidor, este 15 de marzo, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios denuncia “el paulatino deterioro” de la Inspección de Consumo, y reclama a la Junta de Castilla y León que tome las medidas necesarias para acabar con la “dejación y desmantelamiento” de la Inspección de Consumo, servicio que es “fundamental” para la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios de Castilla y León”.

En la Comunidad

CSIF asegura que la Junta “está descabezando la dirección técnica del servicio en las provincias de la Comunidad”; y lamenta la reducción de personal -inspectores y técnicos de procedimiento (ya no dependen de Consumo)-, y el empeoramiento progresivo de las condiciones laborales, que crean una sensación de fracaso profesional e impotencia en el personal de Consumo. De una plantilla total de 55 inspectores que prevén las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPTs)de las nueve provincias de la Comunidad, sólo hay operativos y activos 36.

El personal de Consumo de los servicios periféricos y el de servicios centrales de la Dirección General de Comercio y Consumo, ha remitido un escrito tanto al consejero de la Presidencia -competente en Función Pública-, como a la consejera de Economía y Hacienda -que ostenta las competencias de consumo-, reivindicando “que cese la marginación del personal de Consumo, respecto al resto de empleados públicos”, apunta CSIF. Uno ejemplo de esa marginación es que los jefes de Sección de Consumo tienen un sueldo inferior, porque se lo bajaron, al resto de los jefes de Sección, según CSIF.

Otro ejemplo de marginación es que, sorprendentemente, para ser jefe de Sección de la Inspección de Consumo, es decir, quien dirige, organiza e indica el trabajo de los inspectores de consumo, no tiene por qué saber nada de la materia. En este sentido, CSIF informa de que han quedado libres las plazas del jefe de Sección de varias provincias, y exige garantías de que sean cubiertas por profesionales técnicos formados en materia de consumo.

El sindicato recuerda que, en 1998, sin negociación alguna, la Junta quitó los méritos específicos en materia de consumo para acceder a esas plazas. “El resultado es que pueden ser ocupadas legítimamente por funcionarios, pero sin ninguna preparación o experiencia en materia de consumo”, concluye CSIF.