La Conferencia Sectorial de Vivienda aprobó este jueves en Madrid el reparto entre las comunidades autónomas de los 1.443 millones de euros que destinará el Estado al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y de los que 79,9 irán a Castilla y León. Un acuerdo que el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, calificó como “muy favorable” para la Comunidad ya que supone un aumento de un 25 por ciento respecto a los 62 millones que recibió del anterior Plan.
Además, según anunció, Castilla y León aportará al Plan otros 24 millones de euros de fondos propios. Ese dinero servirá para ayudas directas e incentivos al alquiler, a la rehabilitación y tambiénn a la compra de vivienda, en este caso limitada a jóvenes menores de 35 años que vivan en el ámbito rural, en municipios menores de 5.000 habitantes.
La Conferencia Sectorial aprobó el reparto de los fondos con los votos a favor de todas las comunidades excepto cuatro que se abstuvieron: Castilla-La Mancha, Aragón, Baleares y Extremadura. De esta forma, cada región se llevará una parte proporcional, según su población, de los 1.443 millones en ayudas directas estatales que contempla el Plan de Vivienda aprobado el viernes pasado por el Consejo de Ministros. Tal y como declaró el consejero esa cantidad supone una “apuesta clara” del Ministerio por fomentar el alquiler y la rehabilitación de vivienda ya que establece un incremento del 68 por ciento” respecto a los 888 millones que contemplaba el anterior Plan de Vivienda.
En el caso de Castilla y León serán 77,9 millones, el 25 por ciento más que lo previsto en el anterior Plan de Vivienda que destinó a nuestra comunidad 62 millones de euros. “A eso se unen otros 24 de euros más que va a poner la Comunidad Autónoma de dinero propio y que suma por tanto 101,7 millones de euros qué es una cifra histórica”, avanzó el consejero sobre este asunto. Todo ese dinero servirá, dijo, para “ayudar a los que más lo necesitan, mejorar el estado de nuestras ciudades y atender nuestro medio rural para que tenga un medio de vida con calidad y con viviendas dignas y fomentar la construcción de viviendas, el empleo y la actividad económica”.
Castilla y León y la mayor parte de las demás comunidades también defendieron que, en contra de lo que pedían algunas regiones, no se alteraran los criterios de distribución de los fondos del Plan de Vivienda ya que, según dijo el consejero, “el aumento de una comunidad implicaría el detrimento de otra”. A su juicio, además hay un “mosaico” de criterios que “se pueden poner encima de la mesa” ya que cada comunidad tiene los suyos. Es por eso por lo que le parece “pruedente” mantener los actuales.
