El pasado 16 de marzo se celebró en Valladolid la comisión permanente del consejo de alcaldes del PSOE. Tras la publicación de la orden del 2 de marzo de la Junta de Castilla y León que establece las subvenciones a lo que llaman mancomunidades rurales de interés general, los alcaldes socialistas de la región han llegado a varias resoluciones que tienen que ver con la ordenación del territorio, la financiación de la Junta a las entidades locales y las escuelas infantiles.
En primer lugar, han llegado a la conclusión de que la Junta “financia poco y mal a los ayuntamientos”. Desde 2011, los municipios de menos de 20.000 habitantes han tenido una pérdida de 1.000 millones de euros. Ante esta convocatoria, que consideran “compleja” y “fraudulenta”, creen que la Junta les hace “chantaje” para aceptar la Ley de Ordenación del Territorio y que supone una “cortina de humo” ante una financiación local que no consideran justa y la “incapacidad” del modelo de convergencia territorial así como de ordenamiento del territorio.
En este sentido, proponen que los ayuntamientos sean plenamente autónomos, el rechazo al mapa de ordenación del territorio de la Junta y la aplicación urgente del Fondo Autonómico de Compensación y el Plan Plurianual de Convergencia del Interior.
En segundo lugar, hablan de “infrafinanciación”. Desde 2009 hasta 2016 se produjo una reducción del 62,11%. Mientras que en España la media de financiación era en 2016 de 81,5 euros por habitante al año, en Castilla y León era de 61 euros. Según estas cifras, los municipios hubieran debido recibir 50,2 millones de euros a mayores.
Dentro de esta resolución, los alcaldes socialistas exigen medidas como la revisión de la financiación y la cooperación económica local, la incondicionalidad de transferencia de fondos, la dotación de 150 millones de euros al Fondo Autonómico y al Plan Plurianual de Convergencia, la habilitación de partidas para el fondo de cooperación local y los planes provinciales y la retirada de la Orden del 2 de marzo.
Por último, exigen a la Junta de Castilla y León que asuma la competencia de las escuelas infantiles, que son gestionadas en un 93% por las entidades locales.
