Castilla y León cerró 2017 con unas necesidades de financiación de 541 millones de euros, lo que supone un 0,95 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), por lo que incumplió el límite establecido del 0,6 por ciento, según informó este lunes la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para analizar la ejecución del Presupuesto General de la Comunidad del pasado ejercicio.
En ese sentido, la titular de Hacienda destacó que el incumplimiento del objetivo de déficit se debe “a unas necesidades de gasto que no están atendidas en su justa medida por el actual sistema de financiación”.
Pilar del Olmo denunció que se trata de un modelo en el que Castilla y León “pierde financiación”, algo que “no se justifica por la reducción de su peso relativo en términos de población equivalente”. En cualquier caso, dijo, “la Junta ha considerado irrenunciable continuar prestando unos servicios públicos de calidad, que aunque no guste a algunos, revalidan año a año calificaciones importantes”. “Es nuestro compromiso principal; responder a las necesidades de los ciudadanos y hacer de la nuestra una buena Comunidad donde vivir y trabajar”, resumió.
La consejera de Economía y Hacienda precisó que el presupuesto del año pasado ascendió a 10.934 millones de euros, lo que supone un aumento neto de los créditos asignados inicialmente de 640,8 millones de euros; y defendió que el “elevado” gasto público del ejercicio anterior “seguro” que contribuyó a “reactivar la economía regional”, que en 2017, se vio afectada por la sequía en sectores importantes como la agricultura y ganadería o la energía.
Elevada ejecución
Pilar del Olmo informó a los procuradores de que el Gobierno regional reconoció obligaciones por 10.678,1 millones de euros, lo que supone un grado de ejecución del 97,7 por ciento. En este sentido, recordó que la cuentas no se aprobaron hasta el 23 de junio, algo que “no ha incidido negativamente en su ejecución, que se acerca al 98 por ciento, con datos de Contabilidad Autonómica” a esta fecha, porque tiene plazo de liquidación hasta el 30 de abril. “Una ejecución muy alta, la más alta desde 2002”, dijo, para recalcar que abonaron sus facturas mensuales a los proveedores en un plazo por debajo de siete días.
Pilar del Olmo remarcó que en relación a otras autonomías, con datos homogéneos del Gobierno a noviembre, Castilla y León era la sexta con mejor grado de ejecución en operaciones no financieras; mientras que en gasto de capital logró un porcentaje 12 puntos por encima del conjunto de las autonomías. Aseveró que con los buenos datos de ejecución de diciembre, estiman que Castilla y León se mantendrá “una vez más entre las comunidades que mejor ejecutan su presupuesto”.
La consejera concretó que alcanzaron un grado de ejecución del 99,5 por ciento en gasto de personal; del 98,1 por ciento en corrientes; y del 99,9 por ciento en transferencias corrientes y pasivos financieros. Asimismo, expuso que en los capítulos de inversiones reales y transferencias de capital comprometieron el 84,8 y 90 por ciento, respectivamente, y reseñó que “mejoran su ejecución más de 12 puntos respecto a 2016”. Por último, en activos financieros el grado de ejecución se situó en el 90 por ciento, frente al once por ciento de 2016.
Pilar del Olmo destacó en este contexto que las inversiones sociales alcanzaron un nivel de ejecución que rozó el 88 por ciento, casi cinco puntos porcentuales más que las no sociales. En concreto, en Sanidad se ejecutó del capítulo 6 (inversiones reales), el 88,2 por ciento (88 millones); en Familia e Igualdad de Oportunidades, el 83,2 por ciento (9,9 millones); y en Educación el 88,7 por ciento (37,8). Por secciones, las obligaciones reconocidas alcanzaron el 99,4 por ciento en Sanidad; el 99,1 por ciento en Educación; y el 98,5 por ciento en Familia.
Además, la consejera analizó el gasto dirigido a investigación, desarrollo e innovación y afirmó que se ejecutaron 175,4 millones de euros en los programas de gasto, lo que supone casi un grado de compromiso del 90 por ciento.
Por lo que se refiere a los ingresos, explicó que se reconocieron derechos a la espera de la liquidación definitiva de las cuentas, por 10.357 millones de euros, lo que supone un grado de realización del 94,7 por ciento de las previsiones definitivas. Destacó en este sentido que los impuestos directos e indirectos se liquidaron provisionalmente con unos derechos reconocidos por importe de 2.094,2 y 3.214,2 millones de euros, lo que supone el 99,5 y 98,5 por ciento de los planificado.
