El Congreso ha aprobado la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para “acabar con las ocupaciones ilegales de pisos y terminar con las mafias”, en palabras de Lourdes Ciuró, portavoz del PDeCAT. Esta reforma de la legislación ha salido adelante con los votos favorables del PNV, PP y Ciudadanos. Su texto será enviado al Senado para ser ratificado.
Según el texto de la Ley, las entidades o personas físicas que sean poseedoras legítimas de una vivienda podrán pedir “la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o una parte de ella siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento”. En otras palabras, los propietarios de una vivienda podrán echar a sus okupas en menos de 20 días. El objetivo es “acabar con las mafias, que se aprovechan del largo espacio de tiempo que hay desde que se presenta una demanda hasta que concluye, que pueden ser dos años”.
Tanto el PSOE como Unidos Podemos y ERC votaron en contra de esta reforma. Mar Rominguera, portavoz socialista, señaló que esta medida “se presentó como una alternativa para poner fin a las mafias que ocupan viviendas, pero sin contener medidas concretas contra los extorsionadores, sino contra los ocupantes”. Además, añadió que no se garantiza que quienes ocupan una vivienda por encontrarse en situación de vulnerabilidad” vayan a ser reubicados.
Unidor Podemos, por su parte, no solo se mostró en contra sino que anunció que recurrirá esta modificación ante el Tribunal Constitucional. Rafael Mayoral, su representante, calificó la votación como de “vergüenza y ejercicio de hipocresía” y señaló que el texto incumple “nuestras obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”. El partido considera que esta modificación promueve “un procedimiento judicial en el que no hay derecho a la defensa” y que no garantiza “la alternativa habitacional de la población vulnerable”.
