Castilla y León destinó 1.467 euros a cubrir las necesidades sanitarias de cada ciudadano en 2016, lo que supuso un diez por ciento más de gasto por habitante que en el conjunto nacional. En concreto, en ese ejercicio, Castilla y León cerró un desembolso sanitario global de 3.601 millones de euros, el 6,5 por ciento de su Producto Interior Bruto, cuando en el conjunto del Sistema Nacional de Salud fue de 61.627 millones de euros, el 5,5 por ciento de la economía, lo que implicó 1.332 euros por habitante.
Son datos de la Estadística de Gasto Sanitario Público 2016, publicada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que hoy desglosó el consejero del ramo, Antonio María Sáez Aguado, quien precisó que la inversión en relación con el PIB regional fue un 18 por ciento superior a la media de las comunidades, dato “muy relevante” que sirve para estudiar la evolución de la riqueza de un territorio.
El consejero precisó que algo más de la mitad de los 3.601 millones del último presupuesto cerrado, 1.804 millones (50,1 por ciento), se destinó a retribuciones del personal; 941 millones, un 26,1 por ciento, a bienes y servicios; 140 millones a conciertos –el 3,9 por ciento-; 643 millones, el 17,9 por ciento, a transferencias, básicamente pago de medicamentos a través de recetas; y 70 millones, el dos por ciento, a inversiones.
“Pese a la crisis, el gasto no ha dejado de crecer”, y los datos sirven “para poner sobre la mesa la realidad del sistema sanitario público”, frente a los que “agitan la bandera de la privatización y los recortes”, dijo el consejero, quien defendió que con estos datos, que reflejan la realidad del sistema sanitario de Castilla y León, más de uno debe dar explicaciones en su empeño de defender estas tesis.
En este sentido, aludió a los conciertos, donde Castilla y León logró contener el gasto en los últimos años. En concreto, en 2016 dedicó un 3,9 por ciento de su presupuesto, 140 millones, frente al 11,2 por ciento del conjunto de España. Es más, fue la segunda autonomía que menos utilizó este sistema para agilizar la lista de espera, con un gasto un 35 por ciento inferior a la media, y entre 2012 y 2016 lo redujo en un 13,5 por ciento, de 162 a 140 millones de euros.
