Jueces y fiscales de Salamanca mantuvieron este jueves un paro de una hora delante de los Juzgados, que seguirán produciéndose si no hay una resolución y el 22 de mayo está prevista una huelga de la carrera judicial y fiscal
Hace casi un año, el 16 de junio de 2017, las cuatro asociaciones judiciales suscribieron un documento con “14 propuestas para la mejora de la Justicia” al que se adhirieron más de 3.500 jueces y juezas y las tres de asociaciones de fiscales.
Las asociaciones reclamaban la derogación del sistema de plazos máximo de instrucción, la paralización de la implantación de la justicia digital, la atribución a la Fiscalía General del Estado de la formación de los fiscales, la fijación de las cargas de trabajo y la independencia del Ministerio Fiscal y su autonomía presupuestaria.
Las propuestas de las asociaciones judiciales comprendían desde el reforzamiento de la independencia judicial, la modernización de la Administración de Justicia y las condiciones profesionales de los miembros de la Carrera Judicial. Unas son claramente competencia de las Cortes Generales, otras del Ejecutivo y el resto del Consejo General del Poder Judicial.
El balance no puede ser más decepcionante. «No parece haber una mayoría clara en el Parlamento favorable a reformar el Órgano de Gobierno de la judicatura conforme a lo propuesto por las cuatro asociaciones judiciales, ni tampoco un proyecto de independencia del Ministerio Fiscal, ni un compromiso firme de los grupos parlamentarios por alcanzar un Pacto de Estado por la Justicia tras el fracaso de la Subcomisión creada al efecto. Y está pendiente de aprobación la Ley Orgánica sobre recuperación de permisos y vacaciones a los miembros de la Carrera Judicial extensiva los fiscales», explican.
El gobierno ha renunciado a incrementar el número de miembro de la Carrera Judicial y Fiscal a fin de ir equiparándolo a la media europea y no hay rastro de la racionalización de la planta judicial y fiscal, evitando así la precarización de las últimas promociones. Tampoco se ha convocado la mesa de retribuciones que por ley debe de reunirse cada cinco años con el objeto de reclamar las mejoras salariales que permitan recuperar los recortes de los últimos ocho años. «Basta recordar que en el año 2010 se vieron reducidas las retribuciones muy por encima de la función pública, con el pago irrisorio de guardias de jueces y fiscales. Nada se hace por mejorar el proceso de digitalización, y en particular su desigual aplicación en el territorio nacional», matizan.
El Consejo General del Poder Judicial ha hecho caso omiso a nuestra propuesta sobre nombramientos judiciales, conforme a criterios de mérito, capacidad, igualdad de género y transparencia. Y sigue sin cumplir con su obligación legal de fijar las cargas de trabajo, como le recuerda la reciente sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.
El calendario de medidas de conflicto:
- Paros parciales de una hora (12 a 13 horas) durante un mes.
- Caso de no haber respuesta a las citadas propuestas, se convocará un día de huelga de las carreras judicial y fiscal, para lo cual se fija el 22 de mayo. En función de la marcha de las negociaciones se podrá variar la citada fecha.
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