La Jefatura Provincial de Tráfico pondrá en marcha la próxima semana, entre el lunes 14 y el viernes 18, una campaña de vigilancia, de ámbito provincial, que se centrará en el control del uso del teléfono móvil y otras distracciones por parte de los conductores.
En España, los accidentes por distracción causan el 30% de las víctimas mortales, por lo que cada año fallecen al menos 500 personas en accidentes de tráfico en los que la distracción aparece como factor concurrente.
Entre las distracciones más frecuentes se encuentra el uso del móvil, acción que es catalogada como práctica muy peligrosa por el 94% de los conductores, según el estudio del RACC, y que pese a su peligrosidad el 43% de los jóvenes “wasapean” mientras conducen, según otra encuesta realizada a más de 6.000 jóvenes europeos.
El año pasado en Salamanca, se produjeron 11 víctimas mortales ocasionadas en otros tantos accidentes de tráfico, de los cuales en cinco la distracción aparecía como factor concurrente.
Del total de 247 accidentes con víctimas ocurridos en 2017 en la provincia de Salamanca, 75 fueron resultado de la conducción distraída, erigiéndose, por tanto, como el factor concurrente con mayor número de víctimas, seguido del exceso de velocidad.
Utilizar el móvil para mandar mensajes implica las tres formas de distracción existentes: la distracción visual, mientras los ojos van leyendo la pantalla; la distracción cognitiva, la mente está ocupada elaborando el mensaje, y la distracción manual, pues los dedos van tecleando las letras o botones… Es decir, acciones que multiplican por 23 la posibilidad de accidente, pues a una velocidad de 120km/h recorremos 660 metros a ciegas.
Los tipos de accidentes más frecuentes debido a distracciones son la salida de la vía, la colisión con el vehículo precedente o el atropello. Por otra parte, en los últimos años se está produciendo un notable ascenso en el número de denuncias formuladas por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, por la utilización del teléfono móvil y el uso de dispositivos. Sólo en la provincia de Salamanca, se ha pasado de las 1.053 denuncias formuladas en 2015 a las 1.435 en el año 2017; esto es, un incremento del 36%
