La Junta de Castilla y León registró un déficit en sus cuentas hasta marzo de 158 millones de euros, lo que supone un 0,27 por ciento de su PIB, según los datos aportados este martes por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, cuando el mismo mes de 2017 contabilizó un déficit de 223 millones, el 0,39 por ciento de su economía. Esto representa un descenso del 29,1 por ciento. Mientras, en el conjunto de las administraciones regionales pasó de un déficit de 2.283 millones un año antes (0,2 por ciento del PIB), a 1.507 millones en 2018 (0,12), es decir, un 34 por ciento menos.
Esta evolución se explica por un incremento de los recursos del 5,3 por ciento, superior al aumento de los empleos del tres por ciento. Si se incluye en ambos periodos el saldo negativo de la ayuda a las instituciones financieras en el conjunto de las administraciones autonómicos (176 millones en 2017 y 62 millones en 2018), el déficit sería de 4.715 millones de euros, equivalente al 0,39 por ciento del PIB, con una reducción interanual 0,12 puntos.
En Castilla y León, en el acumulado de 2018, los recursos no financieros ascendieron a 1.871 millones, un 3,6 por ciento más que hace un año. De ellos, 586 correspondieron a impuestos y 1.155 millones a las transferencias. Otros 128 millones se incluye en el capítulo de ‘resto de recursos’ y dos millones son cotizaciones sociales. Por contra, en empleos no financieros la cifra se eleva a 2.029 millones, la mitad (1.004 millones), referida a la remuneración de asalariados, si bien también pesaron los 367 de consumos intermedios, 339 millones de transferencias sociales en especie o 166 de formación bruta de capital fijo, entre otros apartados.
En el conjunto del Estado, en el que se analizan los cuatro primeros meses, se ha registrado un déficit de 5.928 millones, un 22,2 por ciento inferior a 2017. En términos de PIB equivale al 0,49 por ciento, lo que representa una caída de 0,17 puntos porcentuales. Esta reducción del déficit público se explica por un incremento de los recursos del 9,4 por ciento, superior al incremento de los gastos del 5,6. El superávit primario del Estado, que excluye los intereses devengados, fue de 2.271 millones de euros, por encima del superávit de 967 millones registrado en 2017. Los intereses devengados hasta abril se redujeron un 4,6 por ciento frente a los del año anterior, con 8.199 millones.
Recursos no financieros
Los recursos no financieros subieron a 60.615 millones, lo que supone un incremento del 9,4 por ciento respecto a 2017. Los impositivos, que representan el 89 por ciento del total, ascienden a 53.912 millones, un 9,3 por ciento más. Destacan la subida del 11 por ciento del IVA, hasta los 26.719 millones, del 12 por ciento del impuesto sobre Sociedades, hasta los 7.473, y del 9,7 del IRPF, hasta los 10.991 millones.
Las rentas de la propiedad crecen un 35,6 por ciento, impulsadas tanto por el mayor dividendo percibido del Banco de España, que asciende a 756 millones, frente a 516 en 2017, como por las mayores rentas procedentes del domino radioeléctrico, que han sido superiores en 310 millones a las percibidas el año pasado. En cuanto al resto de ingresos, las ventas de bienes y servicios aumentaron un 11,8 por ciento y las transferencias recibidas de otras administraciones públicas, un 10,7.
Empleos no financieros
Hasta abril los empleos no financieros ascendieron a 66.543 millones, cifra superior en un 5,6 por ciento a la de 2017. Esta evolución se explica fundamentalmente por la mayor la aportación a la UE, que aumentó en un 25,7 por ciento, y el incremento de las transferencias a otras administraciones públicas en un 3,2 por ciento, a causa de las mayores transferencias a las comunidades autónomas, que aumentan en un 9,2 por ciento como consecuencia, principalmente, de los mayores anticipos a cuenta de la liquidación definitiva de 2016, 1.046 millones, frente a los 244 que se realizaron en 2017 a cuenta de la liquidación de 2015.
