El Consejo Consultivo de Castilla y León celebra este año su XV aniversario y lo hace participando en la conmemoración del XVIII Centenario de la Universidad de Salamanca con una jornada que ha tenido lugar este miércoles en las Escuelas Mayores. Debido a su naturaleza, han querido formar parte de los Cursos de Especialización en Derecho Administrativo de la Usal que reúnen a 170 juristas hispanos y europeos.
El acto ha contado con la presencia del rector de la Universidad, Ricardo Rivero, la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco y el presidente del Consejo Consultivo, Mario Amilivia. Además, acudieron los presidentes de los consejos consultivos de Andalucía, Madrid y Galicia, así como otras autoridades como el subdelegado del Gobierno o el delegado de la Junta.
Mario Amilivia quiso poner en valor “la doctrina jurídica tanto del Consejo Consultivo como del Tribunal de Recursos Contractuales de la Administración”. El presidente señaló que se suman a la celebración del Centenario porque “una institución adolescente, como es el Consejo Consultivo de 15 años, viene a buscar el cobijo y el respaldo de una institución con una solera como es esta”.
Amilivia señaló que el contenido de las jornadas servirá para explicar los 14.500 dictámenes emitidos por el CC, las doctrinas jurídicas que de ello se derivan y las 566 resoluciones de contratos, cuya cuantía ha superado los 4.100 millones de euros. Además, el objetivo era hacer un balance sobre su función, “que nosotros creemos que ha sido muy positivo”.
“Creemos que, sin aspavientos, hemos controlado la legalidad, hemos evitado litigios a la Administración autonómica, hemos conseguido que impere la justicia administrativa y consideramos que hemos sido una institución eficiente al servicio de un nuevo derecho público”, ha manifestado.
Este derecho es un derecho público nuevo que se está generando en España, de carácter garantista, que lo que hace es buscar mecanismos correctores en la lucha contra las irregularidades y los abusos. Según Amilivia, “corrupción habrá igual”, pero el control externo y previo de legalidad supone una mejora. El tiempo medio que tardan en resolver un contrato desde que se admite a trámite es de 23,6 días y tan solo el 3,5% de ellos pasa luego a la vía contenciosa.
La nueva Ley de Contratos del Estado “aumenta el número de recursos que se podrán tramitar al haber reducido el umbral económico […] y aumenta los actos susceptibles del recurso en materia de contratación”, ha explicado el presidente del Consultivo.
Además, supone un cambio en la perspectiva de contratación pública, pues “en la antigua Ley tenía que prevalecer la oferta económicamente más ventajosa y ahora se habla de relación calidad-precio”. Europa ha planteado la contratación estratégica considerando que antes se compraba barato y de mala calidad, por lo que ahora la Administración tiene que atender a otros fines de carácter medioambiental, social o de innovación y desarrollo.
Mientras las resoluciones del Tribunal sí son vinculantes legalmente, los dictámenes del Consejo no lo son. No obstante, en el 97% de los casos, las administraciones siguen los dictámenes del Consejo.
Las consultas más habituales que se hacen en el seno de esta institución son, sobre todo, de responsabilidad patrimonial de la Administración, es decir, cuando un particular se considera dañado en consecuencia del funcionamiento de la Administración. Son, fundamentalmente, de carácter sanitario y el número de dictámenes asciende a 12.734. No solo indican a quién se debe indemnizar y con qué cantidad, sino que fijan un estándar de calidad exigible a la Administración.
En relación a la provincia de Salamanca, se han emitido unos 2.000 dictámenes, de los cuáles el 40% han sido históricamente del Ayuntamiento de la capital.
Texto y foto: Paula Castro Morán
