La Policía Nacional inspecciona diversos ayuntamientos de varias regiones como parte de una macrooperación que investiga posibles amaños en la contratación de servicios de regulación de tráfico y gestión de multas. Se prevén en torno a unas sesenta detenciones de cargos técnicos municipales en numerosos consistorios que se ubican en Madrid, Cataluña, Castilla y León y Asturias. De momento hay 35 detenidos.
La UDEF de la Policía Nacional y de la Fiscalía Anticorrupción son quienes están desarrollando esta operación, que investiga una presunta manipulación de los datos de tráfico y siniestralidad para justificar la colocación de radares con finalidad puramente recaudatoria. Se habrían cometido delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de secretos oficiales, malversación de caudales públicos, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
La operación recibe el nombre de ‘Enredadera’ y está siendo investigada por el juzgado de instrucción número 2 de Badalona. En la trama se han visto implicados dirigentes del PSOE, PP y C’s, pero en el centro de la misma se halla la empresa Aplicaciones Gespol, perteneciendo al Grupo Sacyr, que se dedica a comercializar productos que detectan las infracciones de tráfico en los semáforos.
Entre los primeros detenidos se encuentran Carlos Ruipérez, alcalde de Arroyomolinos (Madrid) y primer imputado de Ciudadanos; el empresario José Luis Ulibarri, también vinculado a la trama Gürtel; y Julio Villegas, oficial de la Policía Local de Alcobendas.
El principal ayuntamiento de la región que se está investigando es el de León, que se suma a los consistorios de Teruel, Logroño, Oviedo, los catalanes de Mollet del Vallés, Tiana y Lleida y los madrileños de Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Majadahonda, Parla, Pinto, Villanueva de la Cañada, Torrelodones, Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares el Real y Valdemorillo.
