La Junta de Castilla y León subirá en agosto las retribuciones de los empleados públicos al máximo permitido y pagará el cien por cien en situaciones de incapacidad laboral, dos escenarios para los que destinará casi 64 millones de euros. Se trata de uno de los asuntos abordados este viernes por la Mesa General de Negociación de los empleados públicos de la Administración Autonómica, que presidió la viceconsejera de Función Pública y Gobierno Abierto, Marta López de la Cuesta.
El incremento de los sueldos de los empleados públicos se fija anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y en la correspondiente a este año -en vigor desde la semana pasada- se prevé una subida del 1,5 por ciento con efectos 1 de enero de 2018. La Junta de Castilla y León ha trasladado a los representantes de los trabajadores que ese incremento se pagará en la nómina de agosto. Esta subida estaba prevista en los Presupuestos de Castilla y León pero no podía abonarse hasta que se aprobaran los del Estado.
Así, en la nómina de agosto los empleados públicos verán sus retribuciones incrementadas en el 1,5 por ciento, más los atrasos vinculados desde enero. El montante total de dicho incremento supondrá en los presupuestos de la Comunidad una cuantía de 59 millones de euros, sumando las cantidades tanto para los empleados públicos de la Junta como para la concertada.
Además, los empleados públicos percibirán un incremento añadido del 0,25 por ciento, siempre y cuando el PIB haya crecido el 3,1 por ciento y así lo certifique el Consejo de Ministros mediante un acuerdo, tal y como establecen los Presupuestos Generales del Estado.
En la reunión, López de la Cuesta recordó que para que el Gobierno autonómico abone los casi cinco millones de euros que suponen ese 0,25 por ciento deben darse dos condiciones previas: el acuerdo del Consejo de Ministros que constate que ha crecido el PIB – todavía no se ha adoptado por parte del Gobierno de España- y modificar la Ley de Presupuestos de la Comunidad para que la subida de los empleados públicos pase del 1,5 por ciento inicialmente previsto al 1,75 de la normativa estatal.
Incapacidad temporal
Igualmente, los Presupuestos Generales del Estado levantaron la prohibición de pagar en las bajas laborales por incapacidad temporal el cien por cien de las retribuciones. La Junta y los tres sindicatos más representativos de los empleados públicos firmaron en 2015 un acuerdo para la recuperación de derechos y de prioridades en materia de Función Pública en el que, uno de sus puntos se centraba en esta materia, acordando solicitar conjuntamente al Gobierno de España la supresión de la norma que impedía pagar el total en los supuestos de incapacidad temporal.
