El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este martes en el Congreso de los Diputados su intención de aprobar una prohibición legal de las amnistías fiscales. Lo anunció en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la última reunión del Consejo Europeo y exponer su programa de Gobierno, tras la polémica suscitada por el reconocimiento por parte del Ejecutivo de las dificultades para publicar la lista de beneficiados de la última ‘amnistía fiscal’, como reclamaba el PSOE desde la oposición.
Sánchez expuso sus pretensiones en materia fiscal para lograr una «justicia fiscal» que permita a su vez la justicia social, y se refirió a la necesidad de luchar con eficacia contra el fraude y la elusión. En ese punto, se detuvo para explicar la afirmación del Gobierno de que no puede publicar el listado de beneficiados.
Recordó, en primer lugar, que fue el Grupo Socialista quien interpuso recurso ante el Tribunal Constitucional por considerar que esa amnistía era «ilegal e injusta», una convicción en la que se reafirmó. Recordó también que la previsión era recaudar 2.500 millones y apenas llegó a la mitad, por lo que fue no solo un «fracaso moral» sino recaudatorio.
Subrayó, asimismo, que la ‘amnistía fiscal’ cuenta con una sentencia «durísima» por parte del Tribunal Constitucional, que la declaró «nula» y que también se pronunció expresamente sobre su irretroactividad. «Desgraciadamente, no es posible revisar los casos que se acogieron a dicha amnistía, y esa imposibilidad afecta, según el artículo 9.3 de la Constitución, a la publicación de los nombres de las personas que se acogieron a la misma», dijo Sánchez.
Estas fueron otras propuesta del presidente:
- «Las comunidades autónomas tendrán dos décimas más de objetivo de déficit» y dijo que «se traducirá en unos 2.400 millones de euros de margen fiscal adicional».
- El Gobierno aprobará un plan de choque para frenar el elevado paro juvenil y promover el empleo entre los jóvenes, con el impulso del contrato de relevo y prácticas y con una nueva regulación de programas para becarios. Habrá un «estatuto del becario», que irá acompañado de la eliminación de las prácticas extracurriculares y de un refuerzo de la FP como manera de «garantizar el futuro».
- Los alquileres tendrán una duración de cinco años en los que la renta solo podrá subir el IPC. El PP bajó al duración máxima a tres años.
- Habrá una nueva regulación de programas para los becarios y se legislará contra lo spiquetes informativos en las huelgas.
