La Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia de Género, ADAVAS, ha publicado este lunes su informe sobre la actividad realizada durante el primer semestre de 2018. Además de aportar datos sobre la atención a las víctimas y sus acciones, han querido valorar las sentencias recientemente dadas a conocer sobre los casos de La Manada y Juana Rivas.
Según Manuela Torres, abogada de la asociación, estas sentencias y su inevitable carácter mediático no han hecho otra cosa que lanzar un mensaje de vulnerabilidad a las víctimas. Considera “preocupante” que los cinco enjuiciados de La Manada continúen en libertad habiendo sido sancionados con penas tan graves (9 años de cárcel) y teniendo pendientes otros procedimientos similares por delitos sexuales.
El mensaje que esto manda a las mujeres es “desastroso”, comentan, ya que hace que crean que la justicia no da una respuesta adecuada. En este caso, además, contando con “pruebas muy contundentes” como vídeos. Y todo ello también está “minusvalorando un bien jurídico protegido” como es la libertad sexual.
Creen que habría que dotar a la justicia de recursos efectivos de vigilancia de la labor judicial que actúen rápido ante la mala praxis. “No se pueden consentir resoluciones judiciales como la de La Manada”, ni tampoco dejarse llevar por “tópicos y estereotipos”.
En el caso de Juana Rivas esto se ha visto en diversas opiniones populares como ‘que hubiera denunciado antes’ o que ‘va de víctima, usa la violencia de género para favorecerse’.
En cuanto al magistrado de este último caso, Torres opina que “parece que quiere dar un escarmiento a todas las mujeres” con una sentencia ejemplarizante.
Contra esto, desde la asociación solo pueden intentar convencer a las mujeres que acuden de que no todos los casos son así y que la mayoría acaban con sentencia condenatoria.
En su informe semestral, Adavas apunta que han atendido un total de 117 casos, siendo la mayoría de ellos por violencia de género, un número que ha aumentado con respecto al año pasado. Destaca también el aumento de las víctimas menores de edad (15 casos), la mayoría por agresión sexual, extranjeras y discapacitadas.
Dentro de las agresiones sexuales, el 63% proviene de agresores que se encuentran en el entorno de la víctima (amigos, parejas, familiares…) y en el 48% de los casos se trata de una acción reiterada.
En los casos de violencia de género, se ha notado un ascenso de las víctimas de entre 19 y 30 años de edad, pasando del 17% al 21% este año, aunque la media de edad se encuentra en la franja de los 31 y 64 años. Afortunadamente, en el 73% de los casos, las víctimas han logrado abandonar la situación de maltrato, una cifra que va en aumento.
Las víctimas que se han atendido en el gabinete psicológico ascienden a 46, la mayoría de ellas por violencia de género, con una media de 35 años, estudios superiores, con trabajo y sin hijos. Lo que han notado desde la asociación es que cada vez se denuncia antes (17%), pero la media de la denuncia continúa siendo de relaciones que llevan años (83%). “La víctima aguanta bastante la situación en el tiempo”, comentan.
Lo que suelen trabajar con ellas es la ayuda en la toma de decisiones, la superación de sentimientos negativos como la culpabilidad, la dependencia, el miedo, la soledad o la ansiedad y el trato con sus hijos.
Por último, en el despacho jurídico se han atendido 54 víctimas, la mayoría por malos tratos. En el 67% de los casos de violencia de género sí se ha interpuesto la denuncia, una cifra que aumenta a 78% en el caso de agresiones sexuales. Se ha otorgado protección al 66% de los casos de violencia, lo que supone un aumento del 16% con respecto a 2017, pero aún se ha denegado en más 30% de los casos, lo que es preocupante.
También preocupa el aumento de las causas archivadas, sobre todo en denuncias por agresión sexual, así como el hecho de que solo se enjuicie el último hecho violento, lo que conlleva consecuencias mínimas para el agresor.