La jueza Carmen Rodríguez-Medel, del Juzgado de Instrucción Nº51 de Madrid, ha solicitado a la Universidad Rey Juan Carlos la remisión de expedientes similares al de Pablo Casado para comprobar si era habitual la convalidación de 40 créditos. Ha solicitado títulos del curso 2008-09 que no sean impartidos por el Instituto de Derecho Público y pertenezcan a estudiantes cuyo “único mérito” fuera ser “licenciado, arquitecto o ingeniero”.
La magistrada ha pedido que, al menos, se le remitan diez de estos expedientes, con el fin de comprobar si el volumen de créditos convalidados era común o si el reconocimiento del que gozaron Casado y otras tres alumnas de su mismo máster era excepcional.
Pablo Acosta, director provisional del Instituto de Derecho Público, manifestó este viernes que nadie ha entrado en el despacho del anterior director y principal implicado, Enrique Álvarez Conde, por lo que este permanece “intacto” y podría contener información clave. Acosta fue quien encontró de forma sorpresiva la caja que contenía documentación sobre las otras tres estudiantes investigadas.
Este despacho, que le correspondía no como director del centro sino como docente, permanece cerrado con llave desde su destitución, por lo que nadie ha podido entrar a comprobar la documentación del interior.
La jueza del caso también ha imputado al catedrático Pablo Chico en la pieza sobre el máster de Derecho Autonómico que hizo Pablo Casado. Este docente, que ya estaba investigado por el máster que cursó Cristina Cifuentes, fue acusado por una de las compañeras de Casado, María Mateo Feito, quien indicó que le calificó una de las asignaturas. Sin embargo, ha negado estos hechos y ha señalado que ese año no dio clase en este máster.
