La superficie utilizada propia superaba a la alquilada en 480.000 hectáreas en 2007, mientras que en 2016, los arrendamientos superaban en 111.000 hectáreas al uso en propiedad, según el INE
Álvaro García/ ICAL. El envejecimiento del campo representa un grave reto para su futuro. Los mayores jubilados siguen cobrando buena parte de la PAC y se resisten a vender sus tierras, con una gran dificultad para acceder a adquirirlas en propiedad, y ganar tamaño es necesario para alcanzar rentabilidad.
La última década se produjo un cambio de tendencia en las explotaciones agrarias y, si en 2007 la mayor superficie utilizada estaba en propiedad frente al arrendamiento, en 2016 (los últimos datos disponibles del INE, en su Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas) las parcelas explotadas en alquiler ya son mayoritarias.
Para las organizaciones agrícolas, la reducción de las explotaciones en régimen de propiedad y el incremento de los regímenes de arrendamiento «es algo natural». «Hay gente que ya no se dedica al campo y opta por arrendar sus tierras en vez de venderlas«, explica el coordinador regional de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), Jesús Manuel González Palacín.
Según los datos publicados, la superficie de las explotaciones agrarias en régimen de propiedad se redujo entre 2007 y 2016 en más de un 17 por ciento, por lo que se perdieron más de 500.000 hectáreas. En el último año que se tuvieron registros, se contabilizaron 2.300.000 hectáreas en propiedad. Por contra, las hectáreas de parcelas agrícolas en régimen de arrendamiento aumentaron cerca de un cuatro por ciento. En 2016 se contabilizaron 2.450.000 hectáreas, cerca de 90.000 hectáreas más que las registradas nueve años antes.
Este incremento de los terrenos arrendados provocó una diferencia con las tierras en propiedad de 111.000 hectáreas, una cantidad que se invirtió respecto a la registrada en 2007, cuando las explotaciones en propiedad estaban por encima de las arrendadas en más de 480.000 hectáreas.
Burbuja de arrendamiento
Estas cifras, en relación también con los precios de los cánones de arrendamiento, suponen un reto para los agricultores. Desde UPA-COAG, el coordinador de la Alianza, Aurelio González, achaca el aumento de los precios desde 2006 principalmente a la «burbuja» de los arrendamientos, causada por las exigencias de la Junta a los jóvenes para adherirse a los Planes de Primera Instalación y recibir ayudas económicas. Para percibir las subvenciones, las superficies deben ser de más de 100 hectáreas en terrenos de secano, y esta normativa provoca que los precios aumenten, según explica.
De igual forma, otro de los problema que afecta «a todos los agricultores» es que los propietarios «a tiempo parcial», aquellos que no se dedican a la agricultura de forma «continua» y «diaria», reclaman las ayudas de la PAC por lo que también utilizan «ese margen» para subir los precios, detalla Aurelio González. Desde UCCL, González Palacín opta por «reducir más esa cantidad» para beneficiar a los agricultores que se dedican diariamente al campo.
Si en 2006 el precio era de 111 euros por hectárea arrendada, diez años después subió un 16,2 por ciento hasta los 129 euros. Esta cifra se encuentra por debajo de la media nacional, que es de 144 euros. UCCL justifica este incremento por la «rentabilidad» de los arrendamientos. Además, las nuevas incorporaciones de agricultores ofrecen más dinero procedente de subvenciones, que permiten explotar las tierras, por lo que los precios aumentan «de forma artificial». Añade también que «se arrienda más de lo que se compra porque no hay capacidad económica» para afrontar el coste de las explotaciones.
El presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, argumenta que el precio en renta y compra aumenta más que la realidad productiva por el mayor uso de maquinaria facilita el cultivo, por lo que hay más demanda que oferta. La diferencia de precios entre las explotaciones de otras comunidades y el de Castilla y León «no es preocupante» puesto que es acorde con el tipo de terrenos que hay en la Comunidad. «El valor de los terrenos dedicados al secano es menor que en otras autonomías que los dedican a hortalizas» por lo que «no son comparables».
La edad de los agricultores, que supera los 55 años según las organizaciones agrarias, provoca que las explotaciones con Superficie Agrícola Utilizada (SAU) se hayan reducido más de un tres por ciento en los últimos nueve años hasta 2016 en cerca de 3.000 explotaciones.
En cuanto al número de terrenos en propiedad, se redujo en más de un seis por ciento, lo que supuso una pérdida de más de 5.000 explotaciones en 2016. Las parcelas en régimen de arrendamiento también descendieron, pero en menor medida, cerca de un cuatro por ciento, con cerca de 2.000 terrenos menos, lo que supuso pasar de 43.000 explotaciones en 2007 a más de 41.000 en 2016.
Asimismo, Dujo añade que las jubilaciones de los agricultores son una realidad «pero no es buena ni mala», desde las organizaciones agrarias «se está luchando» por incorporar jóvenes al campo, «pero son menos de los que nos gustaría».
El coordinador de la Alianza, Aurelio González, destaca también que por el fallecimiento de agricultores «los arrendamientos están aumentando». Este aspecto afecta además al dimensionamiento de las explotaciones, «que son más grandes para poder sobrevivir». En relación a la reducción generalizada de las explotaciones, el coordinador de la Alianza se refiere a la falta de rentabilidad y los bajos precios que no permiten cubrir los coste y obligan a los agricultores a abandonar sus terrenos.
