El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, alertó este viernes en Burgos de que la existencia de “populismos” o de “cualquier tipo de planteamiento excluyente” constituyen un “peligroso riesgo” para el Estado constitucional. Lo hizo durante su intervención en el solemne acto de apertura del año judicial en Castilla y León, que tuvo lugar en el Palacio de Justicia.
En este marco, Concepción manifestó que este año se celebra el cuadragésimo aniversario de la Constitución, al que se refirió como “decisivo acontecimiento histórico que sirvió para cerrar las heridas del pasado y para demostrarle al mundo que la concordia entre españoles era posible”. Así, resaltó que la Carta Magna “como norma suprema del Estado”, precisó, representa “el marco de convivencia y de libertad” y añadió que “es la encargada de preservar la democracia a través de un determinado modelo querido por el pueblo español”.
Por eso, Concepción enfatizó que “es fundamental entender que el mantenimiento del Estado constitucional precisa de una comunidad de ciudadanos libres e iguales que crea en sus valores y que sea consciente de que la existencia de populismos o de cualquier tipo de planteamiento excluyente constituyen un peligroso riesgo para esa convivencia en paz”.
En su intervención, el presidente del TSJCyL indicó que “ajenos a esta realidad y al esfuerzo que costó construir nuestro marco de convivencia, algunos se empeñan en desafiarla contraponiendo principios consustanciales como Estado de Derecho y Democracia, olvidando que no puede existir uno sin el otro; que la democracia no puede construirse sin el ineludible armazón de la Ley expresada por voluntad de la mayoría”.
“La Ley no puede identificarse con la particular voluntad del gobernante pues no es, sino la voluntad popular plasmada en el juego de las mayorías parlamentarias la que está legitimada para modelar esas normas de convivencia”, expuso. Sin embargo, relató que “ahora en los Estados modernos, la desobediencia a la Constitución viene a constituir la máxima expresión de esa arbitrariedad y debe ser combatida con todas las armas que procura el Estado de Derecho” porque, agregó, “si alguien la estimase injusta por pugnar con valores entendidos como prevalentes, se debiera instar su derogación a través de los cauces legales, pero nunca proponer su incumplimiento”.
Ejemplo de responsabilidad
Por eso, prosiguió Concepción, “para evitar la reiteración de tristes experiencias, el Estado debe reaccionar como ha reaccionado, en este caso a través de uno de sus tres Poderes, el Judicial, que está dando un ejemplo de responsabilidad digno de elogio”. De ahí, añadió, “que no deje de ser significativo que quienes pretenden alterar las normas de convivencia sean los mismos que están alentando una campaña de desprestigio y de animadversión hacia nuestros jueces que, inoculada dentro de nuestro país, ha excedido de nuestras fronteras, habiendo encontrado en algún otro de nuestro entorno un eco impropio de un consorcio como el que pretende ser la Unión Europea (UE)”.
Asimismo, fue más allá y declaró: “En aras de esa malsana propaganda se ha logrado convertir en letra muerta convenios tan útiles como los alcanzados a principios de este siglo en materia de detención internacional, que nos habían hecho olvidar antediluvianos mecanismos de cooperación tan lentos como ineficaces”.
En este contexto, señaló que se ha podido ver cómo “en algún caso mediático y conflictivo, escasos minutos después de notificarse la sentencia que los resolvía en primera instancia, ha surgido un movimiento de descalificación en redes sociales y medios de comunicación, sólo en apariencia espontáneo, que ha desembocado en agitaciones y en tumultos callejeros perfectamente orquestados en los que, bajo el subterfugio de la crítica, latía un calculado ataque contra los propios cimientos de nuestra arquitectura jurídica”.
Por ello, solicitó “respeto” hacia las resoluciones judiciales. “No cabe duda de que las resoluciones judiciales pueden y deben ser objeto de la sana crítica en una sociedad democrática, pero ello dentro del más escrupuloso respeto al ejercicio de la función jurisdiccional y a través del cauce de los recursos que las leyes establecen”, dijo.
Concepción añadió que este respeto “no se han cuidado en guardar ni quienes en el ejercicio de sus funciones venían más obligados que nadie a respetar el principio de la separación de poderes, colocando como objeto de su diatriba, en algún caso, no ya dichas resoluciones, sino, lo que resulta todavía más inadecuado, a los magistrados que con mayor o menor acierto las hubieron dictado”. Por ello, recordó que son los jueces “los únicos a los que la Constitución encomienda la misión de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, después de haber valorado todas y cada una de las pruebas desarrolladas en cada uno de los procedimientos que las leyes procesales establecen”.
