Garantizan a los 38.000 musulmanes de la región el ejercicio de su religión

La religión islámica en los colegios o en las cárceles es uno de los asuntos que la Comisión Islámica de España ha abordado en su reunión con la delegada del Gobierno      

ICAL. La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, garantizó este viernes que desde la Comunidad se trabajará para garantizar a los 38.000 musulmanes que residen en el territorio autonómico para que puedan ejercer su religión «en toda su plenitud». Así lo dijo tras la reunión que mantuvo con la delegada autonómica de la Comisión Islámica de España (CIE), María Cuenca, con quien puso de relieve la «buena convivencia y pluralidad» existente en Castilla y León.

«Tenemos que seguir trabajando para que ese marco de convivencia se siga desarrollando como hasta ahora, sin problemas de seguridad en términos sociales», declaró Barcones. En este marco, la delegada del Gobierno recordó que la Constitución reconoce la libertad religiosa, ideológica y de culto, y prohíbe «cualquier discriminación por esta causa», por lo que insistió en que son los poderes públicos quienes tienen que garantizar que estos derechos puedan ejercerse «en plenitud».

La delegada autonómica de la CIE puso sobre la mesa algunos asuntos de actualidad como la religión islámica en los colegios, un servicio que ya se está dando en Soria, Segovia, Valladolid y Salamanca y que en el caso de León está «bloqueado» por un problema que se confía en solucionar próximamente. También se ha abordado la situación en las cárceles y centros de menores donde «no existe» la asistencia religiosa.

«Esperemos que después de este encuentro, y con las ganas que tenemos de trabajar en este proyecto, la asistencia religiosa en las cárceles sea dentro de poco una realidad», confió Cuenca, quien también transmitió la preocupación por la situación en los cementerios, aunque reconoció que se trata de un asunto que no es competencia directa del Estado.

En relación al problema yihadista, Cuenca reconoció que «está ahí» a nivel mundial pero aclaró que la comisión islámica «tiene sus protocolos para evitar que ocurra». Muy «sensibilizados» con el tema, admitió que «los primeros perjudicados somos las propias comunidades» y cada vez que se produce un atentado «el trabajo desarrollado se viene abajo y hay que comenzar desde cero», lamentó. Por eso recalcó que «los primeros interesados» en que no se registre ninguna actividad de este tipo son las propias comunidades musulmanas. «En Castilla y León no se puede pedir que la situación sea mejor, porque no ha habido ningún problema que pudiéramos dar como referencia».

Sobre la situación general de los 38.000 musulmanes residentes en Castilla y León, Cuenca explicó que se encuentran «bastante distribuidos» en general, y aunque gran parte de ellos están en las ciudades, en los pueblos «hay un número bastante considerable». Además, puso de relieve la importancia de que no se estén formando guetos como ocurrió en Francia donde entendió que el problema «se les ha ido de las manos» por no haber impedido su formación «desde el principio».